Usuarios se quejaron ayer por largas filas en Ecovía (Archivo). Jazmín Jara
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cedió la operación del peaje de la Ecovía Luque–San Bernardino al consorcio Rutas del Este. El traspaso rige desde el 1 de enero de 2026. Con esta decisión, el Gobierno de Santiago Peña inició el año con otra transferencia de control operativo a manos privadas en un corredor clave.
Rutas del Este está integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A. Esta última figura representada por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill. Desde ahora, el puesto de peaje dejó de ser administrado por el Estado. En consecuencia, la gestión cotidiana del cobro y la operación quedó bajo el consorcio.
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Según Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, el cambio se concretó mediante un convenio modificatorio de la Adenda 7. Ese mecanismo incorporó al proyecto original de la Alianza Público-Privada (APP) una interconexión de 67,73 kilómetros. El paquete incluye el viaducto de Luque y tramos que conectan con Ypacaraí por Areguá–Patiño.
Calmejane indicó que el MOPC presenta el esquema como una “operación transitoria”. Sin embargo, también confirmó que la operación y explotación quedará en manos de Rutas del Este hasta 2047. Eso implica 21 años de administración privada. Por lo tanto, el flujo de un tramo con alto tráfico recreativo y residencial quedará bajo gestión del consorcio.
Apenas asumió el control, Rutas del Este suspendió el pago mediante código QR. El argumento fue operativo: sostienen que el QR “demora más” y afecta la fluidez del tránsito. Desde el 1 de enero, los conductores solo pueden pagar con efectivo, tarjetas físicas de débito o crédito y Google Pay. Además, el consorcio sostiene que el QR favorece a un solo usuario y retrasa al resto.
Aun así, usuarios reportaron que el paso por el peaje fue lento. La queja fue generalizada, según el relato de conductores. En este escenario, el cambio en medios de pago quedó en el centro de la discusión. También se instaló la duda sobre si la medida mejora realmente la circulación.
Sobre el destino del dinero, Calmejane explicó que la recaudación se deposita íntegramente en un fideicomiso en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Ese fondo es administrado por Obras Públicas y el Ministerio de Economía. Sin embargo, también señaló que el mismo fondo costeará las obras de ampliación y mantenimiento. Esas tareas deben ser ejecutadas por la propia empresa.
El esquema descrito deja un circuito cerrado: la empresa opera, el usuario paga y el dinero va a un fondo público. Luego, ese fondo vuelve a financiar obras a cargo del mismo operador. En paralelo, la contraprestación prometida incluye ampliar tres casetas en la Ecovía y dos en Ypacaraí. El cronograma de culminación previsto es de 30 meses. El MOPC recordó que el peaje estuvo a su cargo durante una década.
Fuente: Última Hora
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