La masificación de la facturación electrónica prevista para 2026 por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) abre un desafío que excede lo tributario. Referentes del sector contable advierten que miles de mipymes aún enfrentan límites de conectividad, capacitación y costos tecnológicos. La preocupación se concentra en el interior del país, donde las condiciones operativas no son homogéneas. En ese escenario, el cambio puede impactar en la continuidad de la formalidad.
A fines de 2024, la DNIT estableció un cronograma mediante la Resolución General N.º 21/24. La norma designó grupos de medianos y grandes contribuyentes para la obligatoriedad de la factura electrónica en fechas escalonadas durante 2025 y 2026. Además, dispuso que desde el 2 de enero los proveedores del Estado emitan documentos tributarios solo en formato electrónico. Por lo tanto, el proceso ya tiene hitos vigentes que presionan a distintos actores del mercado.
En paralelo, el fisco promovió la adhesión voluntaria al sistema E-kuatia’i. Se trata de una solución gratuita pensada para reducir el costo del software en pequeños negocios. Sin embargo, contadores señalan que la gratuidad no elimina el obstáculo principal. La barrera ya no sería la licencia, sino la infraestructura básica. En varias zonas del interior, la conectividad estable sigue siendo limitada.
La Lic. Alba Talavera, directora de Educación Continua del Colegio de Contadores del Paraguay, sostiene que la facturación electrónica es un avance. No obstante, advierte que la implementación debe contemplar la realidad de micro y pequeños negocios. Según explica, una parte importante de las mipymes carece de equipamiento informático básico. Además, fuera de los grandes centros urbanos persisten dificultades de conexión. Incluso señala que en algunas zonas la conectividad es inexistente.
Desde una mirada más crítica, la Lic. Lilian Torres, referente de la Resistencia Contable del Paraguay (RCP), pone el foco en los costos del cumplimiento formal. Indica que la formalización implica gastos adicionales, más allá de E-kuatia’i. Menciona la contratación de internet, la adquisición de firma digital y, en algunos casos, el uso de sistemas privados de facturación. Según plantea, para mipymes con márgenes mínimos estos costos pueden ser difíciles de sostener. También alerta sobre adultos mayores, vendedores ambulantes y pequeños productores.
Tanto Talavera como Torres coinciden en un punto central: avanzar sin políticas de apoyo diferenciadas puede generar efectos no deseados. En vez de ampliar la base de contribuyentes, el proceso podría incentivar la permanencia o el retorno a la informalidad en sectores frágiles. Por eso, el debate de cara a 2026 no se limita a plazos. También incluye capacitación práctica, acompañamiento técnico y herramientas que funcionen con baja conectividad. Además, busca alinear la modernización tributaria con la realidad productiva del país.
Fuente: ABC Color
