Santiago Peña firmó este miércoles la promulgación de la ley que establece la rectoría del transporte público metropolitano. Foto: Captura - Transmisión de Presidencia de la República.
El Gobierno promulgó este miércoles la ley que modifica el esquema del transporte público en el área metropolitana y presentó el nuevo modelo denominado “El bus que viene”. La norma redefine el rol del Estado, que pasa a tener mayor control sobre la planificación y el funcionamiento del sistema.
Con la entrada en vigencia de esta ley, se introducen cambios a la Ley N° 1590/2000, ampliando las atribuciones estatales en el transporte terrestre de pasajeros. A partir de ahora, el Estado asume la rectoría del sistema, con potestad para regular recorridos, frecuencias y condiciones de prestación del servicio.
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Durante el acto oficial, el Poder Ejecutivo difundió un material explicativo en el que se detallan los principales lineamientos de la reforma. Uno de los ejes centrales es la definición del transporte público como un servicio esencial, lo que implica su prestación de forma continua y obligatoria.
Este punto establece que los buses deberán operar incluso en situaciones consideradas críticas, respetando horarios y frecuencias previamente fijadas. La disposición generó cuestionamientos desde sectores sindicales, que advirtieron sobre una posible afectación al derecho a huelga de los trabajadores.
Desde el Gobierno, la explicación oficial es que la medida busca asegurar la movilidad de los usuarios y evitar interrupciones en el servicio. No obstante, el debate sobre el alcance de esta obligación continúa abierto.
La ley también amplía el concepto de sistema metropolitano, habilitando la creación de nuevas áreas, recorridos e itinerarios. Con ello, se pretende abarcar una mayor cantidad de zonas urbanas bajo un mismo esquema de regulación.
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Otro de los cambios introducidos es la creación de unidades funcionales y corredores exclusivos. Según lo planteado, este modelo apunta a reducir la competencia directa entre buses y a ordenar la circulación, con impacto en los tiempos de viaje.
En el plano operativo, la normativa establece mayores exigencias para las empresas de transporte. El acceso al sistema se realizará mediante licitaciones públicas, con contratos que contemplen flotas nuevas y condiciones de accesibilidad.
Además, se incorporan mecanismos de control como el monitoreo en tiempo real de las unidades, sanciones automáticas por incumplimientos y una mayor centralización de la información del sistema.
La ley incluye también disposiciones vinculadas a la inclusión, como la participación de mujeres conductoras y la implementación del trasbordo gratuito dentro del sistema integrado. Con la promulgación de la norma, se abre una nueva etapa para el transporte público, cuya aplicación y resultados concretos aún deberán ser evaluados.
Fuente: ÚH
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