La falta de medicamentos para tratar la epilepsia volvió a poner en evidencia las tensiones entre las familias de los pacientes y el sistema de salud pública.
Este jueves, un grupo de padres y madres, acompañados por representantes de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia, se reunió frente al Ministerio de Salud Pública para reclamar algo tan básico como urgente: acceso a tratamientos que pueden salvar vidas.
La protesta se llevó a cabo de forma pacífica, pero cargada de dolor y preocupación. Reunió a familiares de niños y adultos que dependen por completo del sistema público para continuar con sus tratamientos. La asociación representa a unas 650 familias a nivel nacional, y más de la mitad de ellas no tienen otra opción que acudir al Estado.
Vanessa Ramírez, presidenta de la organización, explicó que la manifestación tuvo un sentido muy profundo. “Hoy venimos en nombre de Eduardito, un niño que ya no está con nosotros. Murió esperando un tratamiento”, contó con la voz quebrada. Y dejó en claro que no quieren que esta tragedia se repita con otros niños.
El reclamo se centra en la falta prolongada de medicamentos básicos, especialmente jarabes pediátricos que llevan meses sin aparecer en las farmacias del sistema público. Pero también hay tratamientos más complejos, como fármacos para epilepsias de difícil control, que solo se consiguen si las familias presentan amparos judiciales.
El problema, según denunció Ramírez, es que aun cuando los jueces fallan a favor de los pacientes, el Ministerio de Salud suele apelar esas decisiones. “Eso hace que el proceso se vuelva interminable. Para las familias, esto no es un trámite legal: es una súplica, un grito de ayuda”, lamentó.
Otro obstáculo que enfrentan es el atraso en los pagos a las empresas proveedoras de medicamentos. La deuda del Estado hace que muchas de estas firmas decidan no participar en las licitaciones, lo que vuelve aún más lento y complicado el acceso a los tratamientos.
La situación no es solo un problema burocrático: tiene consecuencias muy reales. Elisa Medina, mamá de un niño de siete años con epilepsia, contó que ya tuvo que presentar tres amparos judiciales para conseguir un dispositivo especial de estimulación del nervio vago. El aparato cuesta más de 330 millones de guaraníes, y su hijo lo necesita con urgencia.
“Desde mayo estamos esperando. Es muy duro ver a tu hijo sufrir una crisis y no poder hacer nada”, expresó Elisa. Como ella, muchas familias sienten que solo cuando hacen público su reclamo, logran alguna respuesta.
Fuente: ABC Color
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