Claudia Centurión y Santiago Peña.
El Poder Ejecutivo confirmó la próxima reactivación de los trabajos de mantenimiento en la ruta PY08. Esta decisión surge tras la reciente resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El ente estatal destrabó el proceso administrativo que impedía la firma del contrato correspondiente. Por lo tanto, se autorizó la continuidad de los trámites legales pendientes para la intervención asfáltica.
El presidente Santiago Peña reconoció la legitimidad de los reclamos ciudadanos ante el deterioro de la vía. Según el mandatario, el proceso licitatorio estaba paralizado por diversas protestas presentadas entre los oferentes. Sin embargo, el contrato se firmará en breve para permitir el inicio inmediato de las obras. La empresa adjudicada entrará a trabajar sin necesidad de un desembolso inicial de recursos.
La DNCP emitió una resolución que rechaza formalmente los cuestionamientos presentados por las empresas participantes. La institución validó el procedimiento administrativo gestionado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según lo resuelto, los argumentos de la parte recurrente no demostraron vulneraciones a la legalidad vigente. Por consiguiente, se ratificó la transparencia en la gestión de la ministra Claudia Centurión.
La empresa Tocsa SA resultó seleccionada para realizar estas tareas de mejoramiento y mantenimiento vial. El monto total de la adjudicación asciende a aproximadamente 100.000 millones de guaraníes. Los trabajos abarcarán un tramo de 151 kilómetros que une San Estanislao con la localidad de Azotey. Además, esta intervención busca restaurar la seguridad en una zona crítica por la alta siniestralidad registrada.
La demora en la intervención generó un clima de marcada tensión en el departamento de San Pedro. Autoridades locales y pobladores denunciaron reiteradamente el estado crítico y peligroso del pavimento asfáltico. La Junta Departamental considera declarar persona no grata a la ministra Claudia Centurión por esta situación. Esta medida responde a la falta de respuestas institucionales ante los pedidos de auxilio vial.
Los representantes locales afirman haber agotado todas las instancias oficiales de diálogo durante los meses anteriores. Comitivas integradas por legisladores y autoridades municipales solicitaron soluciones urgentes para el mantenimiento asfáltico. Sin embargo, la falta de resultados concretos derivó en un escenario de hartazgo generalizado en la zona. La crispación social aumentó ante la ocurrencia de accidentes fatales en los tramos afectados.
Los ciudadanos de Santa Rosa, Guayaibí y San Estanislao preparan diversas medidas de fuerza ciudadana. Las organizaciones civiles prevén movilizaciones para el jueves en distintos puntos estratégicos de la red vial. Además, el viernes presentarán una denuncia penal contra la titular del MOPC ante la Fiscalía de Santa Rosa. Esta acción judicial busca establecer responsabilidades por la omisión en el mantenimiento de infraestructura básica.
La denuncia guarda relación directa con los recientes siniestros con derivación fatal ocurridos en la ruta PY08. Las obras previstas no requieren de un pago previo por parte del Estado para su ejecución inicial. Por lo tanto, la constructora debe ingresar al terreno de manera inmediata tras la firma del documento legal. El Gobierno nacional espera que estas acciones mitiguen la crisis social desatada en el segundo departamento.
Fuente: LPO
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