En menos de dos semanas, la Defensoría del Pueblo volvió a recurrir a la vía judicial para responder a reclamos urgentes del sistema sanitario. Entre el 2 y el 14 de enero, la institución presentó 82 amparos constitucionales contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con un objetivo concreto: garantizar medicamentos y prestaciones que los pacientes no estaban recibiendo.
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, explicó que el promedio alcanza los seis amparos por día. Según detalló, el aumento responde principalmente a la falta de fármacos, con una fuerte concentración en tratamientos de alto costo.
El 95 % corresponde a pedidos de medicamentos oncológicos
El desglose de los casos deja poco margen a la interpretación. El 95% de las acciones presentadas corresponde a pedidos de medicamentos oncológicos. El 5% restante apunta a situaciones críticas, como ingresos a unidades de terapia intensiva u otras prestaciones de alta complejidad. Ávila también aclaró que existen amparos contra el IPS, aunque en una proporción menor.
Este escenario no es nuevo. Entre agosto y diciembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 1.360 garantías constitucionales similares contra el Ministerio de Salud. Para la institución, ese volumen sostenido confirma un problema estructural: la demanda de medicamentos no está siendo cubierta en tiempo y forma.
A esta situación se suma otro punto sensible. Ávila informó que solicitó a la ministra María Teresa Barán un informe detallado sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Según indicó, recibe denuncias frecuentes de fallos que se ejecutan con retrasos de tres a cinco meses.
Pacientes fallecieron sin acceder a los medicamentos ordenados por la Justicia
En los casos más graves, relató, algunos pacientes habrían fallecido antes de acceder a los medicamentos ordenados por la Justicia. En otros, el tratamiento perdió vigencia porque el estado de salud del paciente cambió y fue necesario modificar la receta. Frente a estos reportes, el defensor no descartó remitir antecedentes al Ministerio Público por un eventual desacato, aunque aclaró que primero aguarda información oficial.
También hubo cuestionamientos a los plazos fijados en ciertos amparos
Ávila mencionó órdenes de cumplimiento en 48 o 72 horas, que resultan difíciles de concretar cuando el Estado debe iniciar procesos administrativos de compra. En muchos casos, explicó, la provisión del medicamento exige una licitación, lo que inevitablemente extiende los tiempos de entrega.
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Otro aspecto señalado fue el destino de los medicamentos entregados por orden judicial. El defensor recordó que esos fármacos son propiedad del Ministerio de Salud y no del paciente. Por ello, pidió que los sobrantes sean devueltos para su reasignación y así evitar posibles desvíos o comercialización indebida.
Con el ritmo actual de acciones judiciales, la Defensoría insiste en una salida práctica: asegurar stock suficiente de medicamentos.
Fuente: ÚH
