El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira analizó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal y advirtió que el déficit del sistema no se corregirá únicamente con aumentos de impuestos. A su criterio, insistir en una mayor presión tributaria terminaría afectando al conjunto de la economía. Señaló que para cerrar la brecha, habría que subir tributos en tal magnitud y por tanto tiempo que se correría el riesgo de provocar un colapso en el sector privado.
Ferreira explicó que la propuesta oficial actualmente en debate no elimina el déficit, sino que busca contener su crecimiento “extremo”. Indicó que, según proyecciones del Ministerio de Economía, el déficit promedio de la Caja Fiscal rondaría los 306 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años. Por lo tanto, consideró que el país seguirá lejos del equilibrio si no se impulsa una reforma estructural del sistema jubilatorio.
Unos pocos se benefician
El economista sostuvo que aumentar impuestos a sectores productivos, como sojeros, arroceros o comercios, no constituye una solución de fondo. Advirtió que una mayor carga tributaria podría extenderse a otros rubros y generar un efecto negativo amplio. Recordó que en contextos donde la suma de impuestos totales alcanza entre 50% y 60% se vuelve muy difícil desarrollar actividades económicas. Añadió que se está poniendo en riesgo “toda la economía paraguaya” para sostener beneficios de alrededor de 100.000 personas frente a una población de 6 millones.
Planteó que el debate actual es solo el primero de al menos tres pasos necesarios. Mencionó la reforma de la Caja Fiscal para proteger las cuentas públicas, un proyecto específico de reforma del Instituto de Previsión Social y la inclusión en un sistema jubilatorio de cerca del 70% de paraguayos que hoy no acceden a ese derecho. También advirtió que el contexto electoral puede dificultar decisiones de fondo, ya que el sector político suele evitar afectar intereses de grupos que forman parte de su base de votantes.
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Uno de los puntos más sensibles señalados por el economista es la existencia de jubilaciones muy tempranas en el sector público. Indicó que el grupo más impactado por los cambios será el funcionariado que no pertenece a la docencia ni a las fuerzas públicas.
Recordó que el esquema vigente supone que los jóvenes financian la jubilación de los mayores, pero que hoy existen casos de personas retiradas con 32 años en el ámbito policial y docentes que acceden al beneficio con 43 años. Estimó que este modelo ya generó pérdidas de unos 2.000 millones de dólares y que, aun con la reforma, se perderían otros 1.500 millones, afectando recursos para infraestructura.
Además, cuestionó la inequidad con los aportantes del IPS, que se jubilan a los 62 años y, al mismo tiempo, contribuyen al financiamiento de otros regímenes jubilatorios. En ese contexto, afirmó que la edad mínima de jubilación debería ser un punto “no negociable” dentro de cualquier reforma.
Fuente: ABC Color
