La Corte Suprema de Justicia resolvió solicitar los legajos de 25 abogados y funcionarios vinculados a la “mafia de pagarés”. Esta medida responde a un pedido formal del ministro Gustavo Santander Dans. El objetivo es analizar si estos profesionales recibirán la misma sanción que la abogada Zully Ortiz. A ella ya se le suspendió la matrícula profesional tras ser procesada judicialmente.
La máxima instancia judicial había iniciado previamente sumarios administrativos contra este grupo de sospechosos. Sin embargo, el Consejo de Superintendencia no había adoptado medidas preventivas hasta el momento. La falta de suspensiones permitía que los investigados continuaran interviniendo en juicios similares. Esta nueva etapa busca evitar que los implicados sigan ejerciendo funciones dentro del sistema judicial paraguayo.
El cambio de postura de la Corte surge tras los incidentes protagonizados por Ortiz. La abogada enfrenta cargos por estafa debido a su supuesta participación en el esquema delictivo. Además, pesa sobre ella la sospecha de haber atentado contra la labor de un periodista. Estos antecedentes aceleraron la necesidad de revisar la situación de los demás auxiliares de justicia.
Para avanzar en el proceso, la Corte solicitó informes detallados al Ministerio Público. El pedido incluye datos sobre las imputaciones realizadas y el estado de los sumarios administrativos. La investigación se centra en la ejecución irregular de títulos de crédito. Estos hechos ocurrieron en diversos juzgados de paz de toda la República. El tribunal busca determinar el grado de responsabilidad de cada profesional.
El Ministerio Público ya presentó acusaciones contra varios abogados identificados en la investigación penal. Entre los nombres citados figuran Carlos Neffa, José Olmedo Lansac, Juan Bogado y Ángel Cino. También aparecen en la lista Gabriela Vespa, José Fuster y Gabriel Ojeda. Estos profesionales son señalados como piezas clave dentro de la organización criminal investigada por la fiscalía.
La máxima instancia judicial debe decidir ahora qué medidas aplicar a estos profesionales del derecho. Según las pesquisas, el esquema se dedicaba al despojo de haberes salariales y jubilatorios. Cientos de ciudadanos paraguayos resultaron víctimas de estas maniobras financieras ilegales. La gravedad del daño social causado obliga a una revisión estricta de la conducta de los auxiliares.
El proceso administrativo busca sanear los juzgados de paz afectados por esta estructura de corrupción. La suspensión de las matrículas funcionaría como una barrera para proteger a potenciales víctimas futuras. La decisión final dependerá del análisis de los informes remitidos por los órganos investigadores. La ciudadanía aguarda una resolución firme para frenar el impacto de la mafia de pagarés.
Fuente: Judiciales.net
