Una grave denuncia por supuesta usurpación de identidad y documentos falsos sacude al ámbito educativo superior. El caso afecta directamente al Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS). Según los datos, se habría utilizado el nombre de una persona fallecida para simular la venta de la entidad. Esta maniobra buscaba validar una transferencia de derechos que los dueños originales desconocen por completo.
El conflicto legal inició con supuestos contratos privados fechados en febrero de 2017. En esos papeles figura que los propietarios Ricardo Antar Morel e Ismael Fenner transfirieron el instituto. El beneficiario de esta supuesta cesión de derechos era Eulalio Sanabria Martínez, un ex funcionario del MEC. Sin embargo, los dueños legítimos aseguran que jamás firmaron dicho documento ni realizaron venta alguna.
La situación se vuelve más oscura con la aparición de un segundo contrato privado. Este documento indica que Sanabria Martínez vendió nuevamente el instituto en agosto de 2018. El nuevo comprador identificado es Domingo Guzmán Melgarejo. No obstante, las fechas del registro oficial desmienten totalmente la validez de este trámite administrativo realizado bajo engaños.
Firma póstuma y fraude documental
El certificado de defunción del Ministerio de Justicia confirma que Sanabria Martínez murió en febrero de 2018. Por lo tanto, el hombre habría concretado la venta seis meses después de su fallecimiento. Esta irregularidad es la base central de la denuncia por producción de documentos públicos de contenido falso. Resulta imposible que un difunto firme una cesión de derechos.
Actualmente existe una investigación penal bajo la Causa N.° 7645/2025 en la Unidad Penal N.° 14. La agente fiscal Nathalia Silva lidera las pesquisas sobre el uso de estos papeles apócrifos. Inicialmente, la denuncia se presentó contra personas innominadas por la gravedad de los hechos. Sin embargo, el proceso tropieza con la falta de colaboración de algunas instituciones.
El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) aparece mencionado en la trama por una omisión documental. La fiscalía solicitó mediante oficio todos los antecedentes que obraran en poder de este organismo estatal. A pesar del requerimiento, el Cones no remitió el contrato de cesión de derechos cuestionado. Esta respuesta incompleta quedó registrada en la Nota Cones N.° 281/2025.
Silencio institucional ante la fiscalía
La falta de entrega de este elemento probatorio central genera sospechas sobre el actuar administrativo del ente. Además, esta omisión representa un incumplimiento directo del artículo 144 del Código Procesal Penal. Dicha normativa obliga a las instituciones del Estado a colaborar con las investigaciones de orden penal. El órgano investigador fue privado de una pieza clave para el caso.
El Ministerio Público busca determinar quiénes ocultaron los documentos y quiénes se beneficiaron con la maniobra. Los auténticos propietarios del ISICS denuncian que se les ocultó información de manera sistemática. Mientras tanto, la sospecha de una red de corrupción en las acreditaciones sigue creciendo. El caso pone bajo la lupa la transparencia del sistema educativo paraguayo.
Fuente: LPO
