Máquinas de votación del consorcio Comitia-MSA, la única oferente en la licitación para el alquiler por parte del TSJE. Alejandro Acosta
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se prepara para un nuevo hito del calendario rumbo a las elecciones internas municipales y partidarias del 7 de junio. Este lunes 26 de enero se cumple el plazo legal para reconocer oficialmente a los movimientos internos que competirán dentro de las distintas agrupaciones políticas. Sin este paso, dichas corrientes no podrán inscribir precandidaturas ni participar formalmente de la contienda interna.
Según lo establecido, las solicitudes de reconocimiento fueron remitidas por los tribunales electorales internos de cada partido y movimiento hasta el 14 de enero pasado. A partir de esa fecha, la Justicia Electoral —cuyo presidente es actualmente Jorge Bogarín, de condición independiente— tiene la tarea de revisar la documentación presentada y emitir las resoluciones correspondientes. Este procedimiento define el mapa interno de cada organización y ordena el escenario partidario de cara a las próximas etapas del proceso electoral.
El siguiente plazo clave será el 2 de marzo. Para ese día, los tribunales electorales de cada partido deberán oficializar las precandidaturas de sus movimientos internos. Se trata de las postulaciones para intendencias, concejalías y, en algunos casos, la renovación de autoridades partidarias. Al día siguiente, el 3 de marzo, se inicia el periodo de propaganda electoral habilitado por la normativa, que se extenderá hasta el 4 de junio. No obstante, en distintas zonas del país ya se han registrado casos de publicidad anticipada, en abierta contradicción con los plazos formales previstos.
A la par que reconociendo al reconocimiento de movimientos, la Justicia Electoral también recibió la comunicación de los representantes técnicos designados por partidos, movimientos y concertaciones. La fecha límite para esta designación se cumplió en la víspera. Estos delegados tendrán participación directa en las etapas de auditoría de las máquinas de votación y de los softwares utilizados en el proceso, aspecto considerado sensible por los sectores políticos.
La importancia de estos representantes se reforzó meses atrás, cuando tanto el oficialismo como la oposición solicitaron desde el Senado la anulación de la compra de máquinas de votación, alegando supuestas vulnerabilidades. La Justicia Electoral respondió dejando sin efecto la adquisición, pero a la vez abrió un nuevo proceso de licitación, esta vez orientado al alquiler de los equipos. De esta manera buscó sostener el esquema de voto electrónico, incorporando al mismo tiempo nuevas condiciones contractuales.
En esa licitación para el alquiler de máquinas el único oferente fue el consorcio Comitia MSA, que anteriormente había sido descalificado. Sus representantes en Paraguay están vinculados al grupo Ueno, identificado como ex socio del presidente Santiago Peña. Este dato vuelve a colocar bajo observación pública la relación entre proveedores tecnológicos, decisiones de la Justicia Electoral y el desarrollo de las próximas internas. El conjunto de plazos que se cumplen entre enero y marzo terminará de definir tanto el mapa interno de los partidos como las condiciones técnicas bajo las cuales se desarrollará la jornada del 7 de junio.
Fuente: ABC Color
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