El candidato a concejal Enrique Wagener también aparece en un murallón en zona del Túnel Semidei.
La carrera electoral inició de forma irregular en varios puntos del país. Numerosos precandidatos a intendentes y concejales ya invaden el espacio público con propaganda extemporánea. Esta práctica recurrente ignora las normativas vigentes que regulan los tiempos de campaña. Los ciudadanos observan murales y carteles mucho antes de la habilitación oficial. Los políticos parecen ignorar que la ley busca equidad en la competencia. Sin embargo, la ambición por ganar terreno los lleva a violar las reglas.
El Código Electoral establece plazos estrictos para la divulgación de candidaturas. Los partidos políticos deben esperar a la oficialización de sus listas internas. Por ejemplo, la Asociación Nacional Republicana oficializará sus candidaturas el 10 de marzo. Por lo tanto, su propaganda recién podrá iniciar el 11 de marzo. En cambio, el Partido Liberal Radical Auténtico tiene su fecha límite el 26 de febrero. El incumplimiento de estos periodos genera un ambiente de impunidad electoral.
Actualmente, la realidad en las calles contradice lo estipulado por la legislación paraguaya. Muchos aspirantes ya pintan murallas y cuelgan pasacalles sin ningún tipo de reparo. Esta conducta constituye una violación directa al ordenamiento jurídico electoral. Además, demuestra un desprecio por las reglas de competencia equitativa entre los postulantes. Los partidos tradicionales suelen ser los que más incurren en este tipo de faltas. Esta situación se repite en cada proceso electoral sin consecuencias reales.
En arterias principales como la Ruta Transchaco se observan infracciones evidentes. La precandidata Romina Medina utilizó separadores viales para promocionar su imagen política. Por su parte, Gabriel Calonga busca el rekutu en la concejalía mediante avisos prematuros. Estos casos son ejemplos claros de una campaña que no respeta el calendario oficial. Los ciudadanos critican el uso indebido de los espacios comunes para fines partidarios. Además, las pinturas dañan la estética urbana y confunden a los votantes.
La ley prohíbe taxativamente realizar propaganda en infraestructuras del Estado. No se pueden intervenir puentes, edificios públicos ni señales de tránsito. Tampoco está permitido pintar sobre el pavimento o monumentos históricos. Sin embargo, los nombres de Daniel Fernández y Cynthia Romero aparecen en lugares no autorizados. También se suman a esta lista Magalí Navarro y Enrique Wagener con cartelería ilegal. Por lo tanto, el abuso sistemático del espacio público es una constante preocupante.
El precandidato a intendente Hugo Farías tapizó los barrios luqueños con su nombre. Sus pintatas son visibles en Villa Adela y el Cuarto Barrio desde hace meses. Farías busca posicionarse frente a rivales como Diego Candia y Diego Romero. Su estrategia incluyó recorridas territoriales para fortalecer su nivel de conocimiento entre los vecinos. Esta saturación visual ocurre fuera de cualquier marco legal permitido actualmente. El candidato de Honor Colorado apuesta a la visibilidad temprana.
Los candidatos a concejales en Luque también imitan estas malas prácticas. Nombres como Josué Luraghi y Hans Kemper resaltan en varias murallas de la ciudad. Esta forma de proceder se ha vuelto una costumbre entre los políticos locales. Sin embargo, la ciudadanía exige mayor respeto por las normas de convivencia urbana. La cartelería excesiva ensucia el paisaje y genera malestar en los barrios. Los precandidatos ignoran estas quejas en su búsqueda desesperada de votos.
La difusión de propaganda fuera de tiempo se considera una falta electoral grave. La ley prevé sanciones severas para los infractores de los plazos. Tanto la organización política como el candidato responsable pueden recibir multas individuales. El monto establecido es de cien jornales mínimos por cada violación detectada. Esto equivale hoy a la suma de G. 11.150.200 por persona. Por lo tanto, el costo de violar la ley electoral es significativo.
El Ministerio Público debe intervenir a través de sus fiscales electorales designados. La fiscala Morelia Fossatti es la encargada de supervisar las zonas de Asunción y Central. En Paraguarí, el control del proceso depende de la gestión de Osmar Segovia. Por su parte, Alcides Giménez debe monitorear la situación en Ciudad del Este. Es imperativo que estas autoridades apliquen las sanciones de manera inmediata. Los fiscales deben dictaminar sobre estas faltas para dar un mensaje claro.
El cumplimiento de la normativa electoral es fundamental para la democracia. Los precandidatos deben entender que el respeto a la ley no es opcional. La impunidad fomenta que estas conductas se repitan siempre. Por lo tanto, la acción judicial es una herramienta necesaria. Es momento de que los aspirantes den el ejemplo. Solo con reglas claras habrá un proceso justo para todos.
Fuente: Última Hora
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