Los videos difundidos tras el incidente ponen en cuestión la versión del gobierno de que Pretti pretendía "masacrar" a los agentes.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en Mineápolis generó una ola de indignación nacional. Cientos de personas protestaron bajo un clima gélido por el fallecimiento de Alex Pretti. El enfermero de 37 años murió tras recibir disparos de agentes migratorios el pasado sábado. Este incidente ocurrió durante un operativo federal en la zona urbana. Por lo tanto, la tensión social ha escalado rápidamente en el estado. Las manifestaciones exigen justicia inmediata por el uso de la fuerza letal.
Las protestas se extendieron a ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Muchos asistentes portaban pancartas pidiendo la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En San Francisco también se registraron movilizaciones masivas durante el fin de semana. Los manifestantes denuncian una persecución sistemática contra la población. Durante las jornadas, los agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Además, se reportó el uso de granadas aturdidoras contra los civiles.
El presidente Donald Trump se pronunció sobre el caso en una entrevista reciente. El mandatario afirmó que su administración está revisando todos los detalles del incidente en Mineápolis. Trump señaló al Wall Street Journal: “Estamos investigando, revisando todo y tomaremos una decisión”. También sugirió la posibilidad de retirar a los agentes de ICE de esa jurisdicción. Sin embargo, el presidente no proporcionó un plazo específico para esta medida. La Casa Blanca mantiene una postura cautelosa ante la presión internacional.
Donald Trump manifestó su desagrado por los tiroteos ocurridos en el marco de las protestas. Sin embargo, criticó que las personas asistan a las manifestaciones con armamento potente. El presidente cuestionó la presencia de individuos con cargadores llenos de balas en las calles. Para el mandatario, esta situación representa una señal negativa para la seguridad pública. Por lo tanto, el análisis del Ejecutivo abarca tanto el accionar policial como el de los civiles. La administración busca equilibrar el orden público con la rendición de cuentas.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Pretti como un terrorista doméstico. Según la funcionaria, el enfermero estaba en el lugar para perpetuar actos violentos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que el hombre portaba una pistola semiautomática. Los agentes habrían disparado en defensa propia tras un intento de desarmado fallido. Además, afirmaron que la víctima se resistió activamente a la autoridad federal. Esta versión oficial justifica el uso de armas de fuego por parte de los oficiales.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, pidió esperar a los resultados de la investigación oficial. En una entrevista televisiva, Blanche sostuvo que los videos actuales no ofrecen una imagen completa. Según el funcionario, existen muchos detalles que no son visibles en las grabaciones difundidas. Por lo tanto, instó a evitar conclusiones apresuradas sobre la culpabilidad de los agentes. El Departamento de Justicia supervisará el proceso para garantizar la transparencia legal. La prioridad del fiscal es reconstruir los hechos de forma técnica y precisa.
Un análisis realizado por BBC Verify contradice parte de la narrativa oficial del gobierno. Los videos muestran a Pretti filmando a los agentes federales con su teléfono móvil. En las imágenes, un oficial empuja a otra persona y Pretti intenta interponerse. Luego, los agentes rocían gas pimienta en la cara del enfermero y lo derriban. Ninguna de las grabaciones disponibles muestra a la víctima sosteniendo un arma de fuego. Por lo tanto, la evidencia audiovisual cuestiona gravemente el relato de la defensa propia.
El forcejeo entre la patrulla fronteriza y el ciudadano duró pocos segundos antes de los disparos. En el video se observa a un agente quitando un objeto de la cintura de Pretti. Inmediatamente después, el oficial se aleja con lo que parece ser una pistola en su mano. Casi al mismo tiempo, se escuchan diez detonaciones dirigidas contra el enfermero caído. Los testigos presenciales confirmaron que el joven solo sostenía su celular durante el incidente. Esta discrepancia entre pruebas y testimonios aumenta la desconfianza ciudadana hacia las fuerzas federales.
Dos testigos oculares refutaron formalmente la versión del DHS en declaraciones oficiales. Ambos afirmaron que nunca vieron a Alex Pretti blandir o amenazar con un arma. Por su parte, el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, aportó datos sobre el perfil del fallecido. Pretti era un propietario legal de armas sin antecedentes penales registrados. O’Hara recordó que en Minnesota es legal portar pistolas en público con el permiso correspondiente. Por lo tanto, la posesión de un arma no justificaría automáticamente el ataque mortal.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reaccionó con dureza ante las explicaciones del gobierno federal. Walz afirmó: “He visto el video desde varios ángulos y es repugnante”. El mandatario calificó de mentiras y tonterías el relato de heroísmo presentado por el DHS. Además, acusó a los agentes federales de eliminar pruebas cruciales en la escena del crimen. Walz exigió a Trump el cese inmediato de las operaciones de ICE en su estado. Para el gobernador, este suceso representa un punto de inflexión en la política migratoria.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, se sumó al pedido de expulsión de las fuerzas federales. Frey cuestionó cuántos ciudadanos estadounidenses deben morir para que terminen estas operaciones. Por otro lado, la policía local denunció obstáculos para investigar el lugar de los hechos. Según Brian O’Hara, los agentes federales impidieron el acceso a oficiales estatales con órdenes de registro. Esta falta de cooperación dificulta el esclarecimiento del tiroteo y la recolección de evidencias. La relación entre las distintas fuerzas de seguridad se encuentra totalmente fracturada.
La indignación por la muerte de Pretti alcanzó incluso a sectores del Partido Republicano. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, expresó su preocupación por las tácticas federales empleadas. Según Stitt, los votantes están alarmados al ver a compatriotas recibir disparos por televisión. Por su parte, el senador Bill Cassidy calificó los sucesos de Mineápolis como increíblemente perturbadores. Cassidy afirmó que la credibilidad del ICE y del DHS está en juego actualmente. El legislador exigió una investigación conjunta que involucre a niveles federales y estatales.
El sector empresarial también manifestó su rechazo a la escalada de violencia en la región. Más de 60 directores ejecutivos de grandes empresas firmaron una carta abierta de protesta. Firmas como 3M, Target y Best Buy pidieron una reducción inmediata de las tensiones sociales. Los empresarios instaron a los funcionarios a trabajar juntos para encontrar soluciones reales. Consideran que la crisis actual afecta la estabilidad económica y la paz social del estado. Por lo tanto, exigen un diálogo constructivo entre el gobierno federal y el local.
A pesar de las críticas, la jerarquía de la Patrulla Fronteriza defendió el accionar de sus subordinados. Greg Bovino, alto mando de la agencia, responsabilizó a Pretti por la situación ocurrida. Según Bovino, los agentes implicados son las verdaderas víctimas de este trágico encuentro. La agencia informó que los oficiales seguirán en sus funciones dentro de la institución. Sin embargo, fueron trasladados fuera de Mineápolis para garantizar su seguridad personal. Esta decisión fue criticada por quienes exigen suspensiones inmediatas durante el proceso de investigación.
Las autoridades de Minnesota insisten en que se detenga el despliegue extraordinario de agentes migratorios. El jefe policial O’Hara recalcó que Pretti solo tenía infracciones de tráfico menores en su historial. El debate sobre el porte legal de armas y la respuesta federal sigue abierto en EE. UU. Mientras tanto, la familia de la víctima pide que cesen las calumnias contra su hijo. La sociedad civil permanece vigilante ante el desarrollo de las investigaciones judiciales. El futuro de las políticas de deportación masiva de Trump enfrenta ahora su mayor desafío ético.
Fuente: BBC News Mundo
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