Mesa de trabajo sobre la adenda de la APP de la Ruta PY02.
El senador José Oviedo, del movimiento Yo Creo, y la senadora Esperanza Martínez, del Partido de Participación Ciudadana, advirtieron sobre una grave descoordinación estatal en la construcción de la autopista elevada de la Ruta PY02. El proyecto conectará San Bernardino con Luque y atravesará zonas urbanas densamente pobladas, como Luque y Areguá. Según los legisladores, la obra avanza sin una coordinación clara entre instituciones públicas y con escasa información oficial disponible. Además, cuestionaron la ausencia reiterada de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, en audiencias clave sobre el trazado y los impactos del emprendimiento.
Oviedo detalló que, en una reciente mesa de trabajo en el Senado, se convocó a cerca de diez instituciones públicas para abordar el proyecto. Sin embargo, ninguna de ellas presentó información completa sobre la autopista elevada, a pesar de que los trabajos ya están en marcha. Indicó que solo el Ministerio de Educación manejaba datos concretos, al mencionar que al menos 64 escuelas serían afectadas. Señaló que el propio Ministerio de Obras Públicas desconocía que la obra implicaría la demolición de escuelas y hospitales. Para el senador, esta situación evidencia la falta de planificación integrada entre los organismos involucrados.
El legislador advirtió que la nueva infraestructura dividirá la ciudad de Luque en dos sectores y tendrá efectos directos en productores frutilleros, instituciones educativas, hospitales, áreas culturales y sitios históricos. Afirmó que no existe un plan de contingencia claro para las familias y actores económicos que podrían ser desplazados. Uno de los puntos más cuestionados es que los censos a vecinos y productores recién se iniciarán ahora, cuando las obras ya están en ejecución. Según Oviedo, muchas personas saben que la ruta podría pasar por sus viviendas, pero desconocen si recibirán compensaciones, cuándo deberían mudarse o cómo reorganizar su vida cotidiana.
Oviedo también criticó el rol del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Indicó que los estudios ambientales se realizan caso por caso, sin evaluar el impacto acumulado del proyecto en su conjunto. Recordó que el objetivo declarado de la obra es mejorar la movilidad, pero cuestionó que una autopista elevada sea la alternativa más eficiente. Planteó que pudieron considerarse opciones como un tren de cercanías u otro sistema de movilidad a gran escala. Además, denunció que la obra fue concedida a la empresa Rutas del Este mediante una adenda, sin licitación pública ni análisis en el Congreso, y mencionó un costo estimado de 180 millones de dólares.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez fue enfática al cuestionar la ausencia de la ministra Claudia Centurión en las audiencias públicas sobre la Ruta PY02. Señaló que ya participó en cuatro o cinco reuniones sin la presencia de la titular de Obras Públicas. Indicó que el proyecto avanza, pero que, al momento de pedir explicaciones, nadie logra precisar con claridad qué se está haciendo. Recordó que para viabilizar la adenda fue necesaria una modificación de la ley de Alianza Público-Privada, lo que, según afirmó, benefició directamente a sectores empresariales vinculados al poder político.
Martínez alertó sobre posibles impactos ambientales, el riesgo de destrucción del patrimonio cultural de Areguá y un posible colapso urbano con el paso de hasta 100.000 vehículos diarios por zonas urbanas. Señaló que los ciudadanos se acercan al Congreso para reclamar porque no saben si la ruta pasará sobre sus casas, mientras la obra continúa. Desde la oposición, no se descarta impulsar medidas para frenar temporalmente el proyecto, al menos hasta evaluar alternativas y garantizar información clara a la población. Oviedo reconoció que no cuentan con la fuerza política suficiente para detener la obra, pero sostuvo que, como representantes del pueblo, tienen la obligación de asumir la discusión y exponer las preocupaciones ciudadanas.
Fuente: ABC Color
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