La fiscala Ruth Benítez y policías del Departamento Contra el Crimen Organizado verifican las intalaciones de la casa ubicada en Roberto L. Pettit.
Un informe de inteligencia del Departamento Contra el Crimen Organizado reveló una posible desaparición de evidencias. Personas extrañas habrían retirado documentos de la oficina de la abogada Zully Ortiz. Este hecho ocurrió días antes de los allanamientos del pasado 21 de enero. Por lo tanto, la fiscala Ruth Benítez ejecutó nuevos operativos ayer para buscar archivos remanentes. Las autoridades sospechan que estos papeles vinculan a la profesional con la mafia de los pagarés. Además, existiría relación con las amenazas denunciadas por el director del medio El Observador.
La fiscala Benítez intervino un dúplex ubicado en el barrio Roberto L. Pettit de Asunción. Durante el procedimiento, los investigadores incautaron documentos sobre presuntas operaciones millonarias de la abogada. Sin embargo, no hallaron los expedientes judiciales ni los pagarés buscados originalmente. Los intervinientes actuaron con mucha prudencia por el estado incipiente de la causa. El objetivo era rescatar cualquier indicio que haya sobrevivido a una posible quema de archivos.
Simultáneamente, la fiscala Diana González allanó un salón comercial en el barrio Sajonia. El local se encuentra en la intersección de las calles Berlín y Madrid. No obstante, en este sitio no se confirmó la incautación de materiales relevantes para la investigación. Estos operativos contaron con la autorización judicial del magistrado José Delmás. La fiscalía busca reconstruir la ruta de los documentos que salieron del estudio jurídico de forma irregular.
La orden judicial se basó en un reporte de inteligencia fechado el 24 de enero. Dicho documento advierte que el estudio de Ortiz fue vaciado antes de la primera intervención fiscal. Además, circularon videos que muestran la presunta incineración de papeles en la oficina de la abogada. Estas grabaciones fueron entregadas al medio El Observador recientemente. Por lo tanto, el Ministerio Público investiga si existió una destrucción sistemática de pruebas incriminatorias.
Se sospecha que Ortiz cuenta con una red de protección en el Poder Judicial. Sus conexiones abarcarían también dependencias de la Policía Nacional y del propio Ministerio Público. Por este motivo, los fiscales no descartan una filtración previa de los operativos del 21 de enero. Estos contactos habrían facilitado la alerta para ocultar las evidencias más comprometedoras. Sin embargo, el trabajo conjunto de la fiscalía y el juez Delmás busca desarticular este esquema criminal.
La causa penal inició tras la denuncia del periodista Carlos J. Benítez por coacción y amenazas. El director de El Observador recurrió a la unidad de Delitos Informáticos para reportar los hechos. La investigación permitió detener inicialmente al mecánico Luis Alberto Quintana en un operativo previo. Posteriormente, surgieron elementos que involucraron directamente a Evelin Paredes y a la abogada Zully Ortiz. Por lo tanto, el caso se expandió hacia una compleja red delictiva de cobros irregulares.
Las tres fiscalas intervinientes realizaron los primeros arrestos de forma coordinada hace semanas. Actualmente, la prioridad es confirmar si la quema de documentos efectivamente ocurrió en el estudio jurídico. La justicia busca ratificar el funcionamiento de la denominada mafia de los pagarés mediante estas nuevas evidencias. Además, se pretende identificar a los “padrinos” que estarían amparando a la profesional procesada. El Ministerio Público sigue recolectando indicios para sostener las imputaciones vigentes ante el juzgado.
Fuente: El Observador
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