El Palacio de Justicia de Asunción, sede central del Poder Judicial. ABC
Han pasado ocho meses y el Ministerio Público sigue esperando un informe clave de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, la Corte no ha entregado la auditoría solicitada sobre unos 10.000 expedientes judiciales que aparecieron en las oficinas de la firma CARSA. Esos documentos pertenecían originalmente al Juzgado de Paz de La Recoleta y fueron encontrados en enero del año pasado durante una investigación penal.
El pedido formal llegó al máximo tribunal el 21 de enero de 2025. Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero encabezan la investigación, que apunta a posibles irregularidades. Pero la falta de respuesta por parte de la Corte despierta sospechas de encubrimiento institucional. Esta omisión es uno de los argumentos que se barajan para impulsar un eventual juicio político.
Todo comenzó con la confesión de un empleado de CARSA, Iván Galeano, quien admitió haber retirado los expedientes de un departamento alquilado por Ingrid Prette, entonces ujier del juzgado. Hoy ella está acusada de estar involucrada con la llamada mafia de pagarés. Según Galeano, trasladó los documentos en bolsas negras y cajas hasta la sede de la empresa por orden de sus superiores.
Después del allanamiento al departamento de Prette, se intentó devolver los archivos al juzgado, que en ese momento estaba a cargo del juez Víctor Nilo Rodríguez. Ahora, Rodríguez también está siendo investigado por su presunta participación en el esquema.
Los fiscales Bobadilla y Arce confirmaron que los 10.000 expedientes están vinculados a juicios ejecutivos. Lo grave es que documentación oficial haya terminado en manos de una empresa privada de cobranzas. Por eso, el Ministerio Público exige la auditoría interna para establecer responsabilidades administrativas y penales. La demora de la Corte está trabando el avance de la causa.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que la Corte nunca envió el informe. Esto contradice las declaraciones públicas previas de algunos de sus integrantes. La ciudadanía y las víctimas del fraude con pagarés exigen saber qué pasó y por qué no hay avances. El silencio prolongado de los ministros solo profundiza la desconfianza en el sistema judicial.
Incluso el ministro Eugenio Jiménez Rolón había calificado esta situación como inadmisible y pidió que los responsables rindan cuentas. Sin embargo, las acciones concretas no han estado a la altura de ese discurso. La falta de colaboración institucional impide identificar a quienes permitieron la salida de los documentos.
Mientras la auditoría siga retenida, los implicados en la manipulación de expedientes quedan, en la práctica, protegidos. No hay una explicación técnica ni jurídica que justifique la demora. Este bloqueo frena la recolección de pruebas en una causa que apunta directo a la estructura de la mafia de pagarés. A pesar de eso, los fiscales insisten en reclamar la documentación para cerrar el caso.
El escándalo de CARSA pone en evidencia hasta dónde está dispuesta a llegar la Corte Suprema para depurar el sistema judicial. El plazo para responder ya venció hace rato, y eso complica aún más la situación legal de los involucrados. Es urgente que el máximo tribunal rompa el silencio y colabore de verdad en esta causa.
Fuente: El Observador
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