El Palacio de Justicia de Asunción, sede central del Poder Judicial. ABC
La fiscala Teresa Sosa formuló imputación por supuesto homicidio culposo contra el médico traumatólogo Humberto Tadeo Ávila Paiva. La causa se origina en la muerte de la joven universitaria María Paulina Aparici Boesmi, de 22 años, ocurrida el 27 de marzo de 2024. Según el escrito fiscal, el cuadro fatal se desencadenó tras una lesión en el pie izquierdo sufrida el 8 de febrero de 2024. La autopsia determinó como causa de muerte un tromboembolismo pulmonar masivo bilateral.
María Paulina era estudiante del penúltimo año de la carrera de Psicología de la Universidad Católica y docente auxiliar en el Colegio Japonés Paraguayo, Tras dos años de clamor, sus familiares han encontrado justicia.
Cronología de la tragedia
De acuerdo con la imputación, el 10 de febrero la paciente acudió a urgencias del Sanatorio Santa Julia. Allí, tras una radiografía, recibió el diagnóstico de “lesión en pie izquierdo, fractura del metatarsiano izquierdo”. Luego consultó con el traumatólogo Ávila, quien procedió a enyesarle el pie y le recetó analgésicos y antiinflamatorios.
Durante esa consulta, la madre informó al médico que el padre de la joven había padecido una trombosis en la pierna. También le indicó que, por prescripción médica, su hija tomaba anticonceptivos orales desde hacía unos tres años para el tratamiento del acné, y le preguntó expresamente si debía prescribirse un anticoagulante. El profesional respondió que no era necesario.
El 22 de febrero de 2024, María Paulina acude nuevamente a consultar con el Dr. Ávila, acompañada de su madre, debido a que sentía dolor en la pantorrilla, en el pie en la zona de la lesión, en la espalda alta y hombros, indicándole además que sentía en la espalda el dolor “como de adentro”.
En esta consulta el médico cambia su diagnóstico y dice que se trata de una contractura. Asimismo, tras observar la tomografía del pie izquierdo, les informó que se había producido la fractura de 4 metatarsianos y no de 3 metatarsianos como anteriormente se le había informado.
Por ello es que le indicó continuar con la medicación ya proporcionada y la utilización del yeso durante 45 días, es decir, 10 días más de lo indicado primeramente.
El 5 de marzo de 2024, María Paulina vuelve al Sanatorio Santa Julia a consultar con el Dr. Ávila, siempre aquejada por los dolores de los que se había quejado previamente. Entonces el médico, transcurrido 23 días de utilización del yeso, procedió a quitarle y a indicarle que utilice una bota “Walker”, con la pierna levantada la mayor parte del tiempo posible, además de no pisar durante 15 días aproximadamente.
De igual forma, como el tobillo se encontraba hinchado, le prescribió que continúe con la misma medicación que le había prescripto, señala la imputación.
El dolor nunca se detuvo y tuvo que consultar de nuevo con Ávila el 18 de marzo. Era tan intenso que, en la madrugada del 19 de marzo, acudió a Urgencias del sanatorio mencionado por intensos dolores en la espalda.
En una nueva consulta el 21 de marzo, el profesional sostuvo que el dolor estaría relacionado con “estrés”. Indicó la realización de una ecografía para descartar una lesión tendinomuscular, recetó un antiinflamatorio inyectable y ordenó 15 sesiones de fisioterapia.
El 27 de marzo, los padres salieron temprano a sus trabajos y se despidieron de sus hijas. Cerca de las 10:50, la madre recibió una llamada de Cecilia, hermana de María Paulina, quien le avisó que la encontró tendida en el piso. Una ambulancia acudió al domicilio e intentó reanimarla, pero a las 11:30 se confirmó su fallecimiento.
La Fiscalía sostiene que el médico habría infringido sus deberes de cuidado al no ordenar estudios específicos para descartar enfermedad tromboembólica. También le atribuye no haber seguido los protocolos nacionales e internacionales ni las buenas prácticas médicas aplicables ante factores de riesgo y signos de alarma. El acta fiscal menciona, además, la ausencia de interconsultas con especialistas pese a las reiteradas advertencias de la paciente y su madre. Bajo estos argumentos, Sosa imputó a Ávila por homicidio culposo.
La fiscala solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el profesional. En audiencia ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 9, a cargo del juez Rolando Duarte, se dispusieron restricciones. Entre ellas figuran la prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También se fijó una fianza personal a cargo de su pareja, Mirta Rosso Díaz, quien deberá presentarse el 2 de febrero para firmar el acta correspondiente. De esta manera, el médico queda sometido al proceso penal mientras continúan las diligencias investigativas.
Fuente: ABC Color
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