El armario no tiene un sitio especial, está como un mueble más en la Morgue. Foto: Dardo Ramírez.
Sin nombre ni memoria reposan a resguardo en un armario en la Morgue Judicial de Asunción restos óseos no identificados de alrededor de 40 personas que fueron víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Los esqueletos completos e incompletos están dentro del mueble en cajas con precinto, que pertenecen a la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, institución cuyo titular es Rogelio Goiburú, quien lleva toda una vida de lucha por encontrar e identificar desaparecidos de ese tiempo oscuro.
Junto con la Fiscalía de Derechos Humanos, las cajas llevan la firma del médico, quien lideró la búsqueda y exhumación de huesos, desde que comenzó las excavaciones en 2006 en la Comisión de Verdad y Justicia, luego en la Defensoría del Pueblo, hasta la actualidad, en el Ministerio de Justicia.
Un equipo del Diario Última Hora fue recibido por el director de la Morgue, Pablo Lemir, quien con gran interés, aunque sin posesión de las llaves del armario, explicó que el trabajo que se realiza es complicado porque los restos son muy antiguos, solo con ADN pueden ser identificados y, posiblemente, algunos no alcancen ese objetivo. “Llega un momento que con el deterioro, no se puede contar más con ADN”, acotó.
La Morgue funciona solo como depósito de los huesos que son el recordatorio de la desidia estatal, no solo para los desaparecidos de la dictadura, sino también para personas fallecidas en democracia, ya hace muchos años, y que reposan sin ser identificadas, en un altillo a pocos metros del armario, en el mismo salón de este edificio deteriorado, en el barrio Rodríguez de Francia.
Lemir comentó que el lugar también fue visitado por el equipo argentino de antropología forense, para medición de los huesos y toma de muestras, en la búsqueda de desaparecidos de dictaduras en países de la región.
Todavía falta mucho por hacer, pero se necesita presupuesto. Goiburú detalló que unos 35 perfiles genéticos se obtuvieron a partir de los restos que están en el armario, pero son incompletos.
No se logró quitar el suficiente material genético de los huesos grandes como fémur, cráneo, el petroso del oído, dientes, húmero, tibia, radio, cúbito y otros, que esperan, además, el avance de la ciencia.
El problema principal en esta búsqueda es que se necesita aumentar el volumen de muestras sanguíneas de familiares de detenidos desaparecidos, indicó Goiburú. Actualmente se cuenta solo con 500, pero se requiere de 1.000.
Las muestras están guardadas en el laboratorio Lidmo de Córdoba, Argentina. “El Estado paraguayo tiene que asumir con responsabilidad que tiene de proporcionar presupuesto para poder intentar llegar hasta los familiares para que se animen a dar muestras de sangre”, manifestó el médico.
Goiburú se refiere a propaganda en medios de comunicación, canchas, pasacalles y otros, para pedir a los familiares que donen sangre, porque actualmente hay temor a hacerlo por cuenta propia.
Explicó que las personas no creen que se logre identificar a sus familiares y creen además que deben contratar un abogado para que se sigan los trabajos. “Tienen miedo porque no ven que el Estado ponga en cargos de responsabilidad a gente que tenga voluntad política de identificar a los desaparecidos. Me ven a mí muy solo, desprotegido, vulnerable, sin presupuesto”, lamentó.
Tampoco hay insumos. “Esos papeles donde se guarda la sangre se compra de Estados Unidos, son caros. Hay que hacer una campaña”, añadió.
A la espera. La última vez que se exhumaron restos óseos fue en el 2022. Al año siguiente, en el 2023, se realizó la última excavación, pero no se halló ninguno, porque se habían mudado los cuerpos a otro sitio para lo que el director de Memoria ya no cuenta con presupuesto.
Son 30 los nuevos lugares investigados en todo el país por parte del equipo de Goiburú, que están a la espera de más excavaciones, a pesar de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado a buscar desaparecidos.
“Prácticamente en todos los departamentos habrían tumbas colectivas, con restos de desaparecidos NN, a las que no se puede ir a hacer los trabajos de campo por falta de presupuesto”, expresó.
Gracias a su esfuerzo, el equipo de Goiburú logró identificar en Paraguay a cuatro víctimas de desaparición forzada. Pero en Argentina, mediante el trabajo conjunto con el equipo de Antropología Forense argentino, se pudo identificar a 14 compatriotas. “Tenemos ya 18 identificados”, detalló el luchador.
“Doctor, vení mañana vas a llenar tu planilla de jubilación”. La llamada desde Talento Humano del Ministerio de Justicia sorprendió al médico Rogelio Goiburú en octubre del 2025.
Para el hijo de Agustín Goiburú, secuestrado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, su trabajo en la búsqueda e identificación de desaparecidos es la causa de su vida y su legado, por lo que separarlo abruptamente de esa tarea, sin prever siquiera un reemplazo, implicaría no solo ingratitud, sino también desidia para las víctimas.
Goiburú contó que inmediatamente después de la llamada conversó con el viceministro Rafael Caballero, quien le respondió que no sabía nada porque cuando se hace la lista de próximos jubilados no le avisan.
El director de Memoria, por tanto, le consultó si se aseguró dejar todo en orden, pero la autoridad le respondió a cada pregunta que no sabía qué hacer.
“Entonces le dije: ‘si yo me jubilo, ¿quién va a seguir buscando a los desaparecidos? No sé. ¿Qué va a pasar con la base de datos genéticos que tenemos guardado en Córdoba, vamos a traer acá o dónde? No sé. ¿Qué vamos a hacer con esos huesos que están ahí en el armario en la Morgue que está con mi firma y la firma de la Fiscalía? No sé. ¿Vos creés que hay que seguir buscando a los desaparecidos? Claro que sí. ¿Y entonces, quién va a buscarlos? No sé, y vos mante. ¿Entonces, yo me tengo que jubilar? Y la verdad que no”, contó Goiburú sobre aquel diálogo con el viceministro.
Ante esta situación tuvo que presentar una acción de inconstitucionalidad, lo que suele demorar al menos tres años, según la información que pudo recabar, porque “así funciona nuestra Justicia”.
Rápidamente se acercó nuevamente a Talento Humano para comunicar el hecho, pero le respondieron que si no acercaba la sentencia de la Corte, su salario sería congelado y tendría que trabajar sin paga.
“¿Te imaginás lo que es eso? Hacerme laburar tres años con todo lo que yo hago, malabarismo, porque encima me obligan a marcar la entrada y la salida. Yo tengo que irme de aquí para allá, hablar con familiares, hablar con testigos, visitar los lugares. Me tengo que hamacar de aquí para allá, y tengo que volver otra vez antes de las 7 de la tarde a marcar porque si no, me van a descontar”, relató Goiburú.
Sin embargo, 15 días después, los ministros de la Corte se reunieron y le respondieron que nadie podía “obligarle a jubilarse”, y emitieron una resolución a su favor.
“En 15 días sacaron la resolución que tenía que haber tardado de tres a cinco años. Entonces, me blindaron. Puedo seguir hasta que tenga que ir con un bastón. Pero yo no aspiro a eso. Yo voy a dejar un equipo instalado para que continúe. Lo único que quiero es la tranquilidad de poder irme a todos los lugares y tener una mínima financiación para los trabajos”, manifestó.
Futuro. Goiburú apunta a crear una organización por fuera del Estado para apoyar estos trabajos de memoria y reparación, que se encargue de buscar más presupuesto.
“Espero, mientras esté en el ministerio, de esas 30 excavaciones que tengo que hacer, al menos hacerla cinco, seis, siete, ojalá 10. Y el resto ya va a tener que hacer otra gente, por supuesto que yo les voy a ayudar en el lugar en donde esté”, reflexionó.
Recientemente se generó una gran controversia por las declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Penayo Duarte, en reivindicación de la dictadura.
Los diferentes sectores de la sociedad repudiaron sus dichos. No obstante, Duarte recibió el apoyo del Partido Colorado y también del presidente de la República, Santiago Peña, que luego reconoció ante la prensa internacional que la dictadura dejó serias secuelas para el país.
“Paraguay vivió a lo largo de 35 años una dictadura militar que terminó en 1989, que también dejó enormes secuelas. Nosotros hemos vivido esa transición, que no se resolvió de un día para otro; en el 89, cuando Stroessner fue derrocado y no fue por manifestaciones en la calle ni por panfletos, sino un levantamiento armado”, manifestó Peña en contradicción con su postura de respaldo a Duarte.
Fuente: Ruth Benítez para Última Hora
Esta web usa cookies.