El concejal de Asunción, Pablo Callizo, denunció un presunto esquema de corrupción en la aprobación de estaciones de servicio. Según el edil, se estarían otorgando licencias ambientales que violan directamente un decreto presidencial vigente. Esta normativa nacional prohíbe la emisión de nuevos permisos desde hace aproximadamente dos años. El objetivo del decreto era frenar la proliferación descontrolada de surtidores en zonas prohibidas.
Sin embargo, la Municipalidad de Asunción habría encontrado formas de evadir esta restricción legal. Callizo afirmó que se siguen otorgando habilitaciones mediante resoluciones con fechas presuntamente adulteradas. El concejal sostiene que los documentos figuran con fechas anteriores al decreto presidencial. No obstante, las autorizaciones serían actuales y fabricadas para simular legalidad. Este mecanismo permitiría operar a negocios que hoy deberían estar bloqueados por la ley.
Sospechas de falsificación en registros municipales
El legislador municipal aseguró que recibe múltiples denuncias sobre este mecanismo irregular de trabajo. “Existen falsificaciones de fechas”, sentenció Callizo durante sus declaraciones públicas. El edil aclaró que estos señalamientos apuntan directamente a la administración municipal anterior. La gestión cuestionada es la de Óscar Rodríguez, previa al periodo actual de gobierno local. Según su análisis, estas prácticas habrían facilitado la apertura de negocios pese a la prohibición.
Las irregularidades administrativas no solo afectarían a las nuevas licencias emitidas recientemente. Callizo también puso el foco sobre la renovación de permisos de construcción ya caducados. Por normativa, una resolución de obra tiene vigencia de un año para concretarse. Si el plazo vence sin avances, la habilitación debe quedar anulada automáticamente. El concejal detectó que se renovaron aprobaciones vencidas para favorecer a ciertos empresarios del sector.
Investigación sobre resoluciones y plazos vencidos
Desde la Junta Municipal ya solicitaron toda la documentación necesaria para verificar estas graves sospechas. Callizo detalló que realizaron una convocatoria formal para acceder a los expedientes archivados. Actualmente, el cuerpo legislativo espera que la Intendencia remita los informes correspondientes para iniciar el peritaje. La falta de transparencia en la entrega de estos reportes genera mayor desconfianza entre los ediles opositores. El equipo de Callizo prometió insistir hasta obtener los documentos originales.
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El impacto de estas maniobras trasciende lo administrativo y golpea directamente al entorno urbano. El concejal recordó que las estaciones de servicio generan graves daños ambientales y sociales. Vecinos de distintas zonas denunciaron talas de árboles para instalar estos centros de despacho. Además, se reportaron instalaciones en humedales y cercanías críticas a cauces hídricos protegidos. Las ordenanzas prohíben surtidores a menos de 100 metros de cuerpos de agua.
Daño ambiental y violación de ordenanzas locales
A pesar de las restricciones, los empresarios buscarían “torcer la ley” para instalar emprendimientos ilegales. Callizo enfatizó que estas estaciones son irregulares por la forma en que fueron autorizadas originalmente. El edil sostiene que no se respetaron las distancias mínimas de seguridad ambiental. Esto pone en riesgo lagunas y cauces hídricos fundamentales para el ecosistema de la capital. La complicidad municipal sería la pieza clave en este esquema de degradación ambiental.
Finalmente, el concejal ratificó su compromiso de seguir impulsando el seguimiento administrativo de cada expediente. El objetivo es determinar si existieron delitos de acción pública en la habilitación de estos locales. El caso podría derivar en denuncias penales si se confirman las alteraciones en las fechas.
Fuente: ABC Color
