España avanza en sentido contrario a la tendencia dominante en el mundo desarrollado, donde crecen las barreras a la inmigración. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por real decreto una regularización extraordinaria para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo.
La medida beneficia a quienes puedan demostrar al menos cinco meses de residencia en el país y no tengan antecedentes penales. El Ejecutivo evitó el debate parlamentario, donde el Partido Socialista no cuenta con mayoría, tras un acuerdo con la formación de izquierda Podemos.
La iniciativa se originó en una propuesta ciudadana respaldada por unas 700.000 firmas. Recibió el apoyo de diversas organizaciones sociales, asociaciones de migrantes y la Iglesia católica. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que la regularización es “necesaria” para responder a la realidad cotidiana.
Contexto nacional y regional de la medida
España tiene 49,4 millones de habitantes, de los cuales más de 9,8 millones nacieron en otro país. Entre ellos figuran 3,4 millones de extranjeros con permiso de residencia. Se estima que, de unas 850.000 personas en situación irregular, más de medio millón podrán normalizar su estatus.
Esta política abierta contrasta con el endurecimiento de otros países desarrollados. En Europa, Alemania facilitó deportaciones y detenciones. Francia restringió prestaciones sociales y aceleró expulsiones. Italia aplica normas disuasorias y deriva solicitudes fuera de su territorio. Reino Unido limitó el acceso al asilo.
En América del Norte, el presidente Donald Trump impulsa un cierre de fronteras, persecución y deportación de irregulares en Estados Unidos, mientras Canadá ha reducido admisiones de temporales y estudiantes. En este panorama, España se presenta como excepción y reabre el debate sobre los motivos.
La economía, eje central
Pese a problemas como bajos salarios, alto desempleo, pérdida de poder adquisitivo y escasez de vivienda, la economía española se fortaleció en los últimos años. España recuperó el puesto 12 entre las mayores economías del mundo, con un PIB que supera los 2 billones de euros, según el FMI.
Para Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en migraciones internacionales, existe una fuerte demanda de mano de obra en cuidados, construcción y hostelería, sectores que dependen de la inmigración. La académica considera que la regularización ayudará a reducir la economía sumergida y mejorar la recaudación, además de aliviar la presión sobre el sistema de pensiones en una sociedad envejecida. Estudios del Real Instituto Elcano, la OCDE y la Comisión Europea señalan que, en promedio, los migrantes aportan más de lo que consumen en servicios sociales.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. Aunque España cerró 2025 con 605.400 nuevos empleos y 22,46 millones de trabajadores, el país mantiene una tasa de desempleo cercana al 10 %, frente al 6 % de la Unión Europea. El analista demográfico Alejandro Macarrón advierte que, con un paro estructural elevado, la regularización podría facilitar la llegada de más inmigrantes de los que el mercado laboral necesita. También sostiene que el rápido aumento poblacional agrava el acceso a la vivienda, principal preocupación detectada en encuestas. A su juicio, el problema afecta sobre todo a jóvenes e inmigrantes que no cuentan con vivienda en propiedad.
Mayoría hispanoamericana
Otro factor relevante es el origen de los migrantes. Aproximadamente el 48 % de los extranjeros residentes en España son latinoamericanos, que representan el 66 % de la inmigración no europea, según el Real Instituto Elcano. Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú figuran entre los principales países de origen. Funcas estima que 9 de cada 10 irregulares que podrían beneficiarse de la regularización son latinoamericanos.
Para José Pablo Martínez, investigador del mismo instituto, compartir idioma, cultura y religión facilita la integración y reduce choques sociales en comparación con otros contextos, como la inmigración procedente de países musulmanes en Francia o Alemania. Macarrón coincide en que la “facilidad teórica de integración” es mayor, aunque episodios recientes de tensión en localidades como Torre Pacheco o Badalona muestran que España tampoco está libre de conflictos.
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El marco político
La dimensión política completa el panorama. España cuenta con un gobierno de centroizquierda más proclive a políticas aperturistas, apoyado en fuerzas situadas a la izquierda como Podemos y Sumar. Macarrón considera “anómalo” el caso español frente a otros países que intentan ajustar los flujos a las necesidades del mercado laboral. Recuerda que no es la primera regularización: tanto gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista aprobaron procesos similares en el pasado. El historiador Jordi Canal i Morell califica la nueva medida de “irresponsable” y sostiene que las regularizaciones deben acordarse con socios europeos para evitar aislacionismos.
Para Joaquín Arango, catedrático y experto en migraciones, la frágil red de apoyos parlamentarios obliga a Pedro Sánchez a depender de aliados favorables a la regularización. El académico cree que el real decreto responde en parte al objetivo de consolidar mayorías y garantizar la supervivencia política del Ejecutivo. Al mismo tiempo, interpreta la medida como un intento de ordenar una situación marcada por un elevado número de irregulares y expedientes de asilo acumulados. A diferencia de otros países europeos, Arango sostiene que en España el temor al coste electoral de estas decisiones es menor, dado que los estudios la sitúan entre las sociedades más abiertas a la inmigración, a las demandas de asilo y a la protección internacional.
Fuente: BBC Mundo
