Proyecto tren de cercanías. Foto: La Nación.
El proyecto del tren de cercanías vuelve al centro del debate público por la forma en que el Gobierno impulsa su implementación. En las últimas semanas se registraron movimientos que generan inquietud en sectores políticos y técnicos. Se mencionan supuestos llamados a licitación sin información previa sobre convenios, concesiones o esquemas de financiamiento. Aunque el Ejecutivo mantiene en reserva la decisión final, el proceso ya es objeto de cuestionamientos.
El principal foco de preocupación es el nivel de secretismo que rodea al proyecto. Especialistas y legisladores señalan que ningún proceso licitatorio internacional suele iniciarse sin un acuerdo, aval o compromiso institucional previo. Esa percepción alimenta la idea de que ya existiría algún entendimiento con actores extranjeros.
Sin embargo, el contenido, alcance y condiciones de un eventual acuerdo no se conocen de forma pública. El temor es que el país quede sujeto a un “paquete cerrado”, con poco margen de negociación para futuros gobiernos, como ocurrió con el fallido metrobús.
Las dudas aumentan ante la opción de un esquema de ejecución fragmentado. En ese modelo, distintas empresas asumirían la infraestructura, el material rodante y la operación del sistema. Este diseño, advierten técnicos, eleva el riesgo de conflictos contractuales.
Además, dificulta resolver problemas cuando el servicio ya esté en marcha. También puede diluir responsabilidades ante eventuales fallas en la prestación. En ese contexto, la discusión sobre el tren de cercanías se vincula con la experiencia reciente de proyectos de transporte inconclusos o cuestionados.
Desde la Cámara de Diputados se presentó un pedido de informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El documento solicita detalles completos y actualizados sobre el estado del tren de cercanías. Los legisladores piden conocer los antecedentes del proyecto y su diseño técnico.
También reclaman datos sobre las etapas previstas, el grado de avance administrativo y financiero y las fuentes de financiamiento comprometidas. Además, requieren la nómina de actores involucrados y el contenido de los estudios técnicos, económicos y ambientales realizados hasta ahora.
El planteamiento legislativo busca despejar dudas sobre un proyecto considerado estratégico para la movilidad urbana del área metropolitana. El objetivo es evitar que la iniciativa avance sin control institucional ni transparencia. Mientras tanto, el silencio oficial alimenta las sospechas sobre una eventual cesión del proyecto a capitales emiratíes mediante mecanismos poco claros.
Para sectores críticos, el Gobierno estaría intentando reflotar el tren de cercanías sin haber logrado antes encaminarlo con una hoja de ruta definida. De igual forma, el MOPC ya puso en marcha la Red Vial Estructurante, orientada a mejorar el acceso y salida rápida de Asunción. Esa obra incluye una autopista elevada en Luque, que el Ejecutivo pretende hacer coexistir con el futuro tren.
En el plano internacional, las miradas se dirigen a Emiratos Árabes Unidos. Se recuerda que el presidente Santiago Peña recibió a una empresa ferroviaria emiratí con el tren de cargas como referencia. Además, la firma Etihad Rail confirmó que su sistema nacional de trenes de pasajeros empezará a operar a finales de 2026.
El proyecto conectará los siete emiratos con trenes de hasta 200 kilómetros por hora. Representa uno de los desarrollos ferroviarios más relevantes del Golfo y cuenta con un cronograma ya definido. En este contexto, la apuesta del Gobierno paraguayo por un eventual socio emiratí para el tren de cercanías se consolida como un punto clave del debate político y técnico.
Fuente: LPO
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