Vicente Bataglia. Foto: IP.
Un Tribunal de Apelación Especializado ordenó reabrir la investigación contra Vicente Bataglia. Él es el ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS). Los jueces cancelaron el cierre de una denuncia por posibles faltas graves. El caso trata sobre un supuesto daño de 1,7 billones de guaraníes.
La decisión se tomó con un voto dividido entre los magistrados actuales. Claudia Criscioni y Silvana Luraghi votaron a favor de seguir con el trabajo de investigación. Por su parte, el juez Gustavo Amarilla tuvo una opinión diferente sobre el tema. Ellos revisaron un fallo dictado el 18 de agosto de 2025. Aquella resolución buscaba archivar el caso de forma definitiva para los implicados.
Anteriormente, el juez Humberto Otazú había decidido cerrar todo el proceso penal. Esta medida fue apoyada en su momento por la fiscala adjunta Soledad Machuca. Ambos consideraron que no existían pruebas suficientes para continuar con la causa. Afirmaron que los hechos no encajaban en delitos de mal uso de fondos. Sin embargo, la máxima instancia judicial decidió anular ese cierre hoy mismo.
La denuncia inicial provino de la Contraloría General de la República paraguaya. En un principio, se dijo que los hechos no eran delitos graves. Los investigadores afirmaron que no se pudo probar un daño al dinero institucional. Un experto analizó los datos y calificó el hecho como algo fuera de lo común. Pero este análisis técnico no fue suficiente para cerrar la historia legal.
El monto del daño denunciado por la víctima es realmente impactante para todos. La cifra exacta supera el billón seiscientos treinta mil millones de guaraníes. La parte afectada reclamó que los fiscales no hicieron bien su trabajo. Señalaron que los agentes ignoraron pruebas importantes que fueron presentadas formalmente. Por lo tanto, consideran que el cierre fue una decisión apresurada e injusta.
Los jueces notaron que solo se usaron dos fuentes de información. La Fiscalía solamente tuvo en cuenta el reporte de la Contraloría. También basaron su decisión en la opinión de un solo experto técnico. Sin embargo, dejaron de lado otros medios de prueba fundamentales para el caso. No se agotaron las instancias para descubrir qué pasó con el dinero del seguro social.
Entre las tareas pendientes figura una auditoría interna todavía no terminada. Además, falta realizar un estudio externo completo sobre los fondos del IPS. Los agentes fiscales tampoco se presentaron en la institución para buscar documentos físicos. La justicia considera que faltó voluntad para juntar información valiosa en el sitio. Reabrir el caso es la única forma de garantizar la transparencia.
La jueza Claudia Criscioni explicó que un experto no dicta las reglas legales. Un técnico no puede decidir si existe o no un delito penal. Esa responsabilidad pertenece exclusivamente a los encargados de aplicar la ley. El Ministerio Público debe explicar mejor cómo se afectó el bolsillo de la institución. No se puede archivar un caso de esta magnitud sin respuestas claras.
La magistrada Silvana Luraghi se unió a la postura de seguir investigando. Ella afirmó que se debe proteger el derecho de participación de la víctima. Las víctimas son miles de trabajadores que aportan dinero cada mes. Ellos merecen una investigación que esté a la altura de estos hechos graves. El servicio de salud de los asegurados depende de la buena administración.
Reabrir el caso no significa que se ignoren las reglas judiciales actuales. Es un deber de los jueces avisar cuando no se investiga de forma eficiente. En este proceso se vio una falta de respeto al derecho de los afectados. Por eso, los fiscales deben agotar todas las líneas de búsqueda posibles. Solo así se podrá saber la verdad sobre los fondos perdidos.
El juez Gustavo Amarilla votó de forma distinta a sus dos colegas. Él sostuvo que el juez debe respetar lo solicitado por los fiscales. Según su criterio, la Fiscalía es la única dueña de la acción penal. Por lo tanto, el magistrado no puede cambiar la voluntad de los encargados de acusar. Su postura buscaba mantener el cierre del proceso iniciado anteriormente.
A pesar de este voto en contra, la mayoría ordenó continuar el proceso. El caso vuelve ahora a manos de los fiscales para nuevas tareas. Los ciudadanos esperan respuestas honestas sobre el uso de los fondos del IPS. Vicente Bataglia deberá seguir enfrentando a la justicia por estas sospechas financieras. La verdad sobre el billonario hueco económico sigue bajo investigación.
Fuente: Última Hora
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