Basilio "Bachi" Núñez y Pedro Alliana aplauden al presidente Santiago Peña. Fernando Romero
El gobierno de Santiago Peña, respaldado por una mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso, restituyó el aporte estatal a la denominada “jubilación vip”. Este beneficio para parlamentarios había sido suprimido formalmente en el año 2019. Sin embargo, los aliados del cartismo reactivaron este financiamiento público dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio 2024.
Los documentos oficiales revelan que el fondeo ha crecido de manera progresiva. Para el cierre del año 2026, las proyecciones presupuestarias alcanzan los G. 4.550 millones. Esta asignación contrasta fuertemente con la crisis financiera y el déficit crónico que atraviesan las cajas jubilatorias del sector público en el país.
En noviembre de 2019, una iniciativa legislativa eliminó la obligación del Estado de aportar mensualmente el 7% sobre las dietas. No obstante, los legisladores de aquel periodo mantuvieron vigente un inciso estratégico en la normativa. Este apartado habilita la recepción de donaciones y otros aportes previstos directamente en el PGN.
Dicha redacción permitió que el Congreso actual volviera a presupuestar el auxilio financiero mediante el rubro 134. La mayoría oficialista aprovechó este vacío legal para asegurar el retorno de los fondos públicos a su caja privada. Entre 2005 y 2019, las transferencias estatales oscilaron entre G. 300 millones y G. 3.958 millones anuales.
Bajo la administración actual, el presupuesto inicial para 2024 se fijó en G. 3.819 millones. Durante la gestión de Basilio “Bachi” Núñez en la presidencia del Senado, estos créditos sufrieron modificaciones significativas. A propuesta del senador Arnaldo Samaniego, se aprobó una transferencia interna de recursos para cubrir diversas áreas.
De ese monto, G. 1.319 millones se utilizaron para incrementos salariales de funcionarios de la Cámara Alta. Por otro lado, se asignaron G. 2.500 millones específicamente al Fondo Legislativo para sostener las jubilaciones de los parlamentarios. Estas maniobras financieras se consolidaron a pesar de los discursos oficiales que prometían austeridad.
Aunque el senador Núñez anunció intenciones de eliminar el aporte, las proyecciones para 2026 casi duplican la cifra actual. Entre 2005 y el próximo año, los contribuyentes habrán destinado un total de G. 41.417 millones a este sistema.
Finalmente, la aprobación de estos beneficios suele ocurrir sin una discusión pública transparente. Los presupuestos del Senado y Diputados se presentan de forma rápida y superficial en el pleno. Esta metodología facilita la aprobación de viajes en primera clase, nuevos cargos y el sostenimiento de un sistema previsional privilegiado para la clase política.
Fuente: ABC Color
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