Ministro de Educación, Luis Ramírez. ARCENIO ACUÑA
El ministro de Educación, Luis Ramírez, se refirió a la huelga general anunciada por gremios docentes del sector público para el próximo 23 de febrero, fecha prevista para el inicio del año lectivo en escuelas y colegios oficiales. El funcionario pidió priorizar el diálogo y advirtió que las medidas de fuerza podrían traer consecuencias si afectan el derecho a la educación.
Las declaraciones del titular del MEC se dieron luego de que los sindicatos docentes confirmaran una huelga por tiempo indefinido en rechazo a la reforma de la Caja fiscal, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. La movilización fue convocada en coincidencia con el arranque de las clases, lo que genera preocupación en el ámbito educativo.
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En diálogo con ABC Cardinal, Ramírez sostuvo que reconoce el derecho de los docentes a manifestarse, pero remarcó que las protestas no deben perjudicar a los estudiantes.
“Hay muchas formas de reclamar sin afectar el calendario escolar”, señaló, al tiempo de insistir en la necesidad de encontrar canales de entendimiento.
El ministro adelantó que, a su regreso de un viaje oficial a Israel, tiene previsto reunirse con representantes del sector docente para escuchar sus reclamos y buscar alternativas. Según indicó, la intención del Gobierno es evitar una paralización del sistema educativo en el arranque del año.
Ramírez también defendió la reforma jubilatoria impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por el oficialismo. Afirmó que los cambios apuntan a asegurar el pago futuro de las jubilaciones del magisterio y a evitar un mayor deterioro de la Caja fiscal.
En ese sentido, advirtió que si no se logra un acuerdo con los sectores que rechazan la reforma, podrían generarse consecuencias que impacten en el funcionamiento del sistema educativo. Si bien no detalló medidas concretas, dejó entrever que el escenario podría agravarse si no hay predisposición al diálogo.
La reforma cuestionada por los gremios establece nuevas condiciones para la jubilación de los docentes, fija edades mínimas y aumenta el porcentaje de aporte jubilatorio. Los sindicatos sostienen que el proyecto fue aprobado sin un análisis profundo y que aún debe ser debatido en la Cámara de Senadores.
Fuente: ABC Color
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