Conferencia. Los gremios judiciales plantearán propuestas al Senado para modificar la ley aprobada por los diputados.
El Poder Judicial enfrenta una situación de alerta institucional sin precedentes hoy. Actualmente, el 52% de los magistrados del país ya cumplen las condiciones legales para su jubilación. Esta cifra representa exactamente a 556 jueces de un total de 1.056 integrantes activos. El fenómeno surge tras la reciente media sanción del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados.
La estadística oficial incluye a jueces de Paz, de primera instancia y también a miembros de cámaras de apelación. Para acceder al beneficio, los funcionarios requieren actualmente 24 años de aporte. Además, deben haber cumplido los 50 años de edad mínima establecida por la ley vigente. En este momento, 180 magistrados ya cuentan con las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas para retirarse.
Por lo tanto, estos profesionales solo necesitan presentar su renuncia formal para acogerse al beneficio previsional. Los gremios indican que otros 200 jueces solicitarán pronto sus trámites jubilatorios por temor a la reforma. Esta situación genera una preocupación real por una posible salida masiva de personal calificado del sistema. Los jueces buscan proteger sus derechos bajo el régimen legal que los rige actualmente.
Una renuncia colectiva de tal magnitud pondría en jaque la operatividad de los tribunales nacionales. El proceso de selección de nuevos magistrados es notablemente lento en la República del Paraguay. El Consejo de la Magistratura demora dos años en promedio para completar la conformación de una terna. Este retraso administrativo agravaría seriamente la crisis de recursos humanos que ya existe en el sector.
Existen 205 ternas pendientes correspondientes al 2024 según los registros oficiales. De ese total, 152 casos obedecen específicamente a mandatos que ya han fenecido en su plazo legal. Otros 53 expedientes corresponden a nuevos cargos creados que deben ser llenados por profesionales idóneos próximamente. Asimismo, del 2025 ya se contabilizan 204 ternas adicionales en espera de resolución.
El Ministerio de la Defensa Pública atraviesa un escenario profesional bastante similar al de los jueces. La institución cuenta con un plantel total de 400 defensores públicos distribuidos en todo el territorio. De esta cifra, 222 funcionarios ya están en condiciones legales de jubilarse según los datos gremiales. Sin embargo, solo 20 de ellos poseen actualmente la resolución ministerial necesaria para el retiro.
Los agentes fiscales también entrarían en este proceso de retiro masivo en el corto plazo. Aunque los datos finales se están procesando, muchos agentes cumplen con los requisitos básicos para la jubilación. Son aproximadamente 400 agentes fiscales activos en diversas unidades de investigación del país. La falta de cobertura de estos cargos vacantes recargaría el trabajo judicial de manera significativa.
Los representantes de los jueces y fiscales presentaron sus reclamos oficiales ante el Poder Legislativo. La nota fue entregada directamente al presidente del Senado, Basilio Núñez, durante las últimas horas. Participan en esta movilización la AMJP, la AJP, la AAFP y también la asociación de defensores ADEPPY. Ellos solicitan un espacio de análisis profundo y estrictamente técnico sobre la nueva ley.
Los gremios proponen modificaciones urgentes al texto de la reforma que ya cuenta con media sanción. Ellos advierten que la falta de gradualidad en la norma provocará jubilaciones muy apresuradas. Este escenario derivaría en un colapso administrativo inédito para el sistema de justicia nacional. Por ello, piden garantizar la dignidad jubilatoria de todos los operadores que consolidaron sus derechos.
El magistrado Carlos Hermosilla actuó como vocero principal durante la reciente conferencia de prensa informativa. Él recordó que la caja del Poder Judicial tuvo superávit financiero comprobado en el año 2011. Sin embargo, el déficit apareció recientemente entre los años 2024 y el próximo 2025. Este desequilibrio fue causado principalmente por las renuncias ante los rumores persistentes de la reforma.
Finalmente, los funcionarios afectados iniciarán una serie de medidas de fuerza en la capital. El lunes mantendrán diversas entrevistas con miembros clave de la Cámara de Senadores de la Nación. También realizarán un paro simbólico frente a la sede central del Palacio de Justicia al mediodía. El tratamiento del proyecto de ley de reforma fiscal está previsto para el próximo martes.
Fuente: Última Hora
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