El diputado Mauricio Espínola denunció lo que considera un presunto esquema irregular en la adjudicación del servicio de lavandería del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según explicó, el contrato en cuestión alcanzaría un monto cercano a los 25 millones de dólares y presentaría múltiples aspectos poco transparentes, de acuerdo con documentos que el propio legislador dio a conocer.
La denuncia se da en un momento especialmente sensible para el IPS, una institución que enfrenta constantes reclamos por la escasez de medicamentos, demoras en la atención médica y problemas recurrentes en el funcionamiento de equipos hospitalarios.
En ese contexto, Espínola cuestionó duramente la prioridad otorgada a este contrato y sostuvo que la adjudicación se realizó mediante la Resolución RCA N° 086-018/2025.
De acuerdo con lo señalado, el contrato no se limita únicamente al servicio de lavado de ropa hospitalaria, sino que también incluye la provisión de textiles bajo una modalidad denominada “evento”. El legislador explicó que este concepto carecería de parámetros claros, ya que no estaría vinculado a la cantidad de camas, número de pacientes, períodos específicos ni volumen determinado de sábanas.
Esta falta de definición, afirmó, permitiría que desde el inicio del contrato se facture la provisión total de textiles para todos los establecimientos incluidos, sin un control preciso sobre lo efectivamente utilizado. En palabras del diputado, el esquema operaría como una compra masiva de bienes presentada formalmente como un servicio.
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Espínola también cuestionó los valores establecidos. Señaló que el costo unitario de las sábanas superaría los 300.000 guaraníes, mientras que el precio del lavado rondaría los 40.000 guaraníes por kilo, una cifra que, según indicó, en el mercado suele aplicarse a volúmenes mucho mayores.
Según la documentación expuesta, el contrato tendría carácter plurianual y alcanzaría un monto total aproximado de 160.000 millones de guaraníes. Las empresas adjudicadas serían el Consorcio Dylav y el Consorcio Industrias Médicas.
Otro punto que llamó la atención del legislador es que la adjudicación, realizada en noviembre de 2025, no aparecería publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Finalmente, Espínola advirtió sobre una posible falta de competencia real durante el proceso licitatorio. Afirmó que algunas de las empresas que figuraban como competidoras tendrían vínculos societarios entre sí, compartiendo estructuras de control y espacios de decisión, lo que iría en contra del principio de libre competencia establecido por la normativa vigente.
Fuente: ÚH
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