Una nueva denuncia penal contra el exdiputado Orlando Arévalo cobró estado público este martes. Se lo acusa formalmente por estafa y cobro indebido de honorarios. La acción legal fue presentada ante las autoridades de Lambaré por Angélica Álvarez. La denunciante asegura haber sido engañada por el estudio jurídico del profesional.
La mujer afirma que entregó una millonaria suma por servicios legales que no se cumplieron. Según los datos brindados, el conflicto surgió tras un acuerdo firmado el 8 de septiembre de 2025. El estudio de Arévalo se comprometió a lograr la libertad ambulatoria del concubino de Álvarez. Para iniciar las gestiones judiciales, la cliente realizó un importante desembolso económico inicial.
El abogado de la denunciante, José Daniel Aguilera, brindó detalles sobre el monto entregado. “Se entregaron 130 millones de guaraníes, entrega que se realizó en la oficina del abogado”, relató. La suma cubría los honorarios por el éxito de la gestión del caso. Por lo tanto, el resultado judicial no fue el esperado por la familia.
¿Cómo se originó el presunto engaño al cliente?
Los profesionales del estudio jurídico de Arévalo intervinieron ante el juzgado penal de Garantías correspondiente. Allí presentaron un incidente de excarcelación para el detenido. No obstante, el magistrado a cargo rechazó el pedido de libertad por falta de méritos. A partir de ese momento, la defensa técnica debía presentar un recurso de apelación. Esta acción era fundamental para agotar las instancias legales disponibles.
Aguilera explicó que el equipo de Arévalo omitió realizar este trámite esencial para el éxito del caso. “Ellos jamás apelaron esa resolución. Tenían en ese entonces 24 horas para la correspondiente presentación”, comentó el profesional. Esta grave falta de acción jurídica generó la pérdida total de confianza de la señora Álvarez. Por lo tanto, ella decidió revocar el poder otorgado al profesional asignado.
Los intentos fallidos de recuperar los 130 millones
La revocación del poder ocurrió aproximadamente el 16 de septiembre del año pasado. Desde ese día, la mujer exige la devolución íntegra de los 130 millones de guaraníes. Arévalo se comprometió inicialmente a reintegrar el dinero en una fecha determinada. Sin embargo, el exdiputado no cumplió con su palabra en el plazo acordado originalmente.
El 4 de octubre de 2025, Arévalo firmó un documento reconociendo la deuda ante Álvarez. A pesar de contar con este respaldo legal, la devolución siguió estancada varios meses. Según la denuncia, el abogado ponía obstáculos constantes y excusas para no pagar. Además, llegó a manifestar que estaba gestionando un préstamo personal para saldar la cuenta pendiente.
El último compromiso de pago estaba pactado para el pasado miércoles 4 de febrero. El denunciado volvió a incumplir de nuevo con la afectada. “Nos mintió y le dijimos que íbamos a tomar las acciones correspondientes”, sentenció Aguilera. La denuncia penal ya está en el Ministerio Público de Lambaré. Por lo tanto, la cliente solo exige lo justo por el trabajo no realizado.
Fuente: ABC Color
