Representantes de la Otep - Auténtica, saliendo de una reunión esta mañana en el MEC. Foto: Fernando Romero
El inicio del año lectivo en Paraguay, previsto para el 23 de febrero, enfrenta un panorama de incertidumbre. Los principales gremios docentes mantienen versiones contradictorias sobre la prestación del servicio educativo. Esta situación surge tras las masivas protestas en Asunción contra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Aunque el Senado postergó el tratamiento de la ley para marzo, el conflicto interno persiste.
La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) presentó una visión optimista sobre el calendario escolar. Su presidente, Silvio Piris, afirmó que existe un 95% de probabilidades de comenzar las clases normalmente. Según el dirigente, la postergación legislativa otorga tiempo suficiente para buscar un consenso mediante el diálogo. Piris destacó la importancia de cumplir con la obligación de asistir a las instituciones educativas.
El titular de la FEP mencionó que el servicio es esencial para garantizar programas como “Hambre Cero”. Además, sostuvo que existe un acuerdo con la Unión Nacional de Educadores (UNE) para respetar el inicio oficial. Para este sector gremial, la crisis inmediata se disipó con la decisión de la Cámara Alta. Por lo tanto, el enfoque actual debería centrarse en las mesas de trabajo con el Gobierno.
A pesar de lo expresado por la FEP, la Unión Nacional de Educadores (UNE) mantiene una posición más cautelosa. Rafael Resquín, dirigente de este sindicato, desmintió que ya exista una decisión final sobre el comienzo de clases. El gremialista aclaró que todo depende exclusivamente de los avances en las negociaciones con las autoridades. “Si no hay avance no iniciamos las clases”, advirtió Resquín ante la consulta sobre el calendario.
La UNE considera que los 13 días restantes antes de la fecha fijada son cruciales. Si las conversaciones progresan de manera positiva, no existirían motivos para postergar el encuentro entre alumnos y maestros. Sin embargo, la falta de resultados concretos en el ámbito de la seguridad social podría reactivar las medidas de fuerza. Esta ambigüedad genera preocupación en los padres y estudiantes de todo el territorio nacional.
En el extremo opuesto, la Organización de Trabajadores de la Educación – Auténtica (Otep-A) mantiene una postura confrontativa. Gabriel Espínola, secretario general del gremio, ratificó que el 23 de febrero iniciará una huelga nacional por tiempo indefinido. “El 23 de febrero no van a iniciar las clases”, sentenció el dirigente tras una reunión en el Ministerio de Educación. El objetivo de la medida es incidir en el proyecto de jubilación.
Espínola argumentó que la decisión de ir a huelga fue tomada de forma intersindical. Según su versión, todas las organizaciones, incluidas la FEP y la UNE, participaron en dicho acuerdo político. El dirigente criticó el cambio de postura de sus pares y reivindicó la coherencia de su organización. Para la Otep-A, la huelga solo se levantará si se logran acuerdos favorables en seguridad social.
La discrepancia entre los líderes sindicales deja en duda la normalidad del inicio escolar. Mientras unos apuestan por la tregua y el diálogo, otros exigen resultados inmediatos bajo presión. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) deberá mediar en esta fragmentación para asegurar el derecho a la educación. Los próximos días serán determinantes para definir si los niños volverán a las aulas o enfrentarán un retraso.
Fuente: ABC Color
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