Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC), presidente de la Cámara de Senadores. Senado Gentileza
El Senado de la Nación ha decidido intervenir en el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La intención de los legisladores es modificar y flexibilizar el texto remitido por el Ejecutivo. Esta iniciativa ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el estallido de tensiones sociales obligó a revisar los términos del documento original.
El senador Silvio Ovelar anunció la creación de una instancia de trabajo especializada. La próxima semana quedará instalada una mesa técnica para analizar la estructura del proyecto. Este espacio contará con la participación activa de los sectores más afectados por la normativa. Entre ellos figuran los gremios docentes, las fuerzas policiales y los efectivos militares.
El objetivo central es reducir la brecha entre el Gobierno, el Congreso y la sociedad civil. Se busca alcanzar un punto de equilibrio antes de que el pleno retome la discusión legislativa. El contexto actual está marcado por fuertes dudas sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Además, existe una creciente presión por las implicancias sociales de un ajuste en los beneficios.
Como parte de las nuevas propuestas, Ovelar planteó modificaciones específicas para el magisterio. Los docentes nacionales y universitarios podrían acceder a la jubilación ordinaria a los 57 años de edad. Para ello, se requeriría un mínimo de 25 años de aportes efectivos al sistema. Se aplicarían tasas de sustitución diferenciadas según el tiempo de contribución y la edad del afiliado.
Además, se ha puesto sobre la mesa la figura de la jubilación extraordinaria. Esta modalidad permitiría el retiro a los 55 años de edad con 30 años de aportes. La tasa de sustitución planteada en este escenario alcanza el 75% del salario base. Este cálculo se realizaría sobre el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años. Cabe recordar que la versión de Diputados establecía solo un 70%.
El proyecto contempla disposiciones especiales para los docentes con amplia trayectoria. Aquellos que cuenten con 22 o más años de aportes podrán elegir su modalidad de retiro. Tendrán la opción de jubilarse con un mínimo de 25 años de servicio sin exigencia de edad. En este caso, la tasa de sustitución ascendería a un beneficio del 80% del promedio imponible.
Para este grupo, la remuneración base se calcularía sobre los últimos cinco años de carrera. Según estimaciones del Gobierno, la reforma inicial reduciría el gasto por déficit en un 60%. Sin embargo, las nuevas concesiones del Senado podrían alterar los planes del Ministerio de Economía. Algunos analistas advierten que las proyecciones actuales solo garantizan cobertura hasta el año 2032.
Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, valoró la apertura al diálogo. No obstante, el dirigente reconoció que lograr un consenso total del 100% será una tarea compleja. “Si ya acercamos las pretensiones de las partes en un 70-80%, yo creo que va a ser un logro importante”, afirmó Piris. El objetivo es evitar el impacto negativo del texto aprobado apresuradamente en Diputados.
Piris cuestionó duramente la forma en que se dio el trámite legislativo anterior. Según su visión, los diputados actuaron con un ensañamiento innecesario hacia el sector educativo. “Tratar de hacer tambor batiente, de forma apresurada, es donde está en juego la vida de miles de colegas”, señaló. Por este motivo, el gremio exige estudios técnicos profundos antes de fijar una edad mínima.
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Respecto a la administración de los recursos, el dirigente denunció un uso histórico indebido de los fondos. Sostuvo que el Estado utilizó el capital en fines ajenos a la previsión social. “Ahora nos dicen que tenemos que trabajar más años y vamos a recibir menos”, reclamó Piris. A pesar de esto, el sector está dispuesto a discutir ajustes si estos resultan equitativos y proporcionales.
Finalmente, los docentes plantearán un incremento progresivo del aporte hasta llegar al 9% en un lustro. También insistirán en auditar el destino de los recursos utilizados por administraciones pasadas. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario de la UNA mantiene el paro institucional. La academia también exige un lugar en la mesa técnica para defender sus derechos ante la reforma.
Fuente: Última Hora
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