El Poder Ejecutivo busca alternativas financieras ante la falta de recursos inmediatos para cumplir sus compromisos. Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantuvieron una reunión clave con gremios del sector de la construcción. El objetivo central fue abordar la deuda que el Estado mantiene con las empresas contratistas. La propuesta oficial consiste en aplicar la ley 6542 de factoraje para inyectar liquidez al rubro.
Esta herramienta financiera permite que las empresas transfieran sus cuentas por cobrar a una entidad bancaria. De esta manera, las constructoras obtienen fondos operativos de forma inmediata a través del mercado financiero. A cambio del servicio, las firmas reciben un porcentaje del valor total de sus facturas certificadas. Generalmente, este adelanto de capital se ubica entre el 80 % y el 90 % del monto documentado.
Actualmente, la deuda estatal certificada con las empresas del rubro alcanza los USD 250 millones. A esta cifra se deben sumar cerca de USD 120 millones por intereses contractuales acumulados. En total, el compromiso financiero del Estado asciende a unos USD 370 millones aproximadamente. Esta situación refleja la presión sobre la caja fiscal y la urgencia de encontrar mecanismos de pago alternativos.
¿Cómo impacta la falta de pagos en el sector vial?
La iniciativa evidencia la necesidad de Carlos Fernández Valdovinos y Claudia Centurión por resolver el conflicto vigente. Ambos ministros lideraron el encuentro con los representantes de la Capaco y la Cavialpa el pasado miércoles. Por su parte, el sector privado manifestó su preocupación por los retrasos en los cronogramas de pago. Las empresas aseguran que los desembolsos comprometidos previamente no se cumplieron en los plazos establecidos.
“Ese incumplimiento es hoy el principal problema del sector”, afirmó José Luis Heisecke, presidente de la Capaco. Según el representante gremial, la falta de previsibilidad financiera afecta la capacidad operativa de las empresas asociadas. No obstante, los constructores muestran apertura para avanzar hacia una solución concreta que regularice la situación. El gremio busca evitar que los proyectos en ejecución se detengan por falta de flujo de caja.
¿Qué riesgos enfrenta la economía nacional?
Tanto el Gobierno como los gremios consideran prioritario preservar los puestos de trabajo en la industria. La construcción representa un motor fundamental para el desarrollo de la infraestructura y el empleo formal. Si la obra pública se paraliza, el impacto negativo en la economía paraguaya sería profundo y directo. Además, el cese de actividades generaría una crisis de desempleo en diversas regiones del país.
Resulta relevante mencionar que este mecanismo fue utilizado durante la administración de Mario Abdo Benítez anteriormente. En aquel periodo, el actual ministro de Economía cuestionó severamente la utilización del factoring para la deuda pública. Sin embargo, la actual escasez de recursos obliga al Ejecutivo a retomar esta vía legal para honrar deudas. El cambio de postura responde a la urgencia de mantener la inversión en infraestructura nacional.
Finalmente, el Gobierno promulgó el decreto 5441 para reglamentar un nuevo marco de articulación público-privada. Esta norma busca que el sector privado asuma un rol más activo en el financiamiento de servicios. Mientras tanto, el sector vial advierte que sin un plan de pagos claro, el riesgo de retracción persiste. “Se pierden miles de empleos y se compromete la continuidad de proyectos estratégicos”, alertó nuevamente Heisecke.
Fuente: LPO
