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El programa estatal “Hambre Cero” se encuentra en el centro de una grave controversia política en el departamento de Paraguarí. Un audio filtrado en redes sociales involucra directamente al concejal municipal Andrés Báez, referente del movimiento Fuerza Republicana hasta hace poco. Según las denuncias, el edil estaría utilizando la estructura del programa para captar respaldo electoral. El material expone presuntos ofrecimientos de puestos laborales a cambio de apoyo para su precandidatura a la intendencia.
La denuncia pública fue formalizada por el sindicalista Ezequiel Cáceres ante diversos medios de prensa. Cáceres sostiene que Báez ofrece de manera directa cargos de cocineras, ayudantes y personal de limpieza. Estas funciones forman parte del engranaje operativo del servicio de alimentación escolar en la zona. La acusación apunta a una manipulación sistemática de las necesidades laborales de los ciudadanos con fines partidarios.
En la grabación, el precandidato propone a una mujer un puesto de cocinera dentro del mencionado programa. Báez le indica que podría acceder a una remuneración superior a su ingreso actual de G. 1.000.000. Además, el ofrecimiento incluía seguro social en el IPS, desayuno y almuerzo diarios. Este tipo de promesas sugiere un control irregular sobre la selección de personal en el sector público.
El concejal Báez cuenta recientemente con el respaldo político de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges. La jefa departamental optó por apoyar la figura de Báez tras retirar la precandidatura de su propio hermano. En el audio, Báez asegura que “nunca pierde elecciones” porque no realiza promesas falsas a sus seguidores.
Además, el edil mencionó que un precandidato a concejal, identificado como “doctor”, colaboraría en la gestión de los ingresos. La coordinación entre figuras de la ANR evidencia una presunta red de favores dentro del programa. Mientras tanto, en el distrito de Quyquyhó, surgen quejas similares por desvinculaciones arbitrarias.
Clementina Fernández, exconcejala departamental, denunció haber sido apartada de su rol como coordinadora de cocineras. Fernández lamentó que la contratación de personal esté supeditada a las decisiones de la intendenta Patricia Corvalán. Junto a ella, otras 13 cocineras habrían quedado fuera de los contratos por motivos aparentemente políticos.
“Se está politizando la contratación de personal”, afirmó la afectada al cuestionar los criterios de selección. La falta de transparencia en estos procesos ha generado un clima de desconfianza en la comunidad.
Ante las insistentes consultas periodísticas, la gobernadora Norma Zárate de Monges no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Tampoco se obtuvo respuesta por parte de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán. El silencio de las autoridades departamentales alimenta las sospechas sobre la veracidad de las denuncias de clientelismo. La ciudadanía reclama aclaraciones sobre si los cargos dependen de decisiones estrictamente partidarias.
Por su parte, la empresa Ladero Paraguayo, encargada de la provisión, deslindó responsabilidad en el conflicto político. Luis Jean Pujol, representante legal de la firma, negó que las contrataciones dependan de concejales o autoridades locales. Aclaró que la relación institucional de la empresa se mantiene exclusivamente con la Gobernación de Paraguarí. “La contratación no depende de concejales”, subrayó el abogado para intentar calmar la polémica.
Pujol explicó que Ladero Paraguayo cuenta con un departamento de Recursos Humanos independiente para captar personal. El proceso de selección se renueva cada año lectivo según la matrícula de alumnos en cada institución. Actualmente, la firma emplea a unas 7.000 cocineras en todo el territorio nacional paraguayo. La cantidad de vacantes disponibles fluctúa anualmente conforme a las necesidades reales de cada centro educativo.
Durante el año 2025, Hambre Cero llegó a más de 32.000 estudiantes en 400 instituciones públicas de Paraguarí. El programa cubre raciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena para los sectores más vulnerables. Para el ciclo lectivo actual, las cifras definitivas de matriculación aún se encuentran bajo procesamiento oficial. Las denuncias de uso político ponen en riesgo la reputación de esta iniciativa gubernamental clave.
Actualmente, el programa se encuentra en la etapa de distribución de insumos y equipamiento en las escuelas. La empresa proveedora asegura que el operativo se desarrolla con normalidad para el inicio de clases.
Sin embargo, el Ministerio Público y los entes de control enfrentan el desafío de investigar estas supuestas coacciones. La transparencia en el manejo de fondos públicos sigue siendo la principal demanda de los denunciantes.
Fuente: ABC Color
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