El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR-HC), uno de los apuntados en denuncias por uso político de Hambre Cero.
El programa gubernamental Hambre Cero se encuentra en el centro de una fuerte polémica debido a presuntas irregularidades. Víctor Mendoza, presidente de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar (CAEP), admitió recientemente la existencia de injerencias externas. Según sus declaraciones, diversos sectores políticos ejercen presión para influir en la contratación del personal encargado de las cocinas escolares.
Esta situación generó múltiples denuncias en el departamento de Caaguazú por el supuesto uso proselitista del proyecto. Mujeres que se desempeñaban como cocineras en instituciones públicas afirman haber sido desvinculadas de sus puestos de trabajo. Las afectadas sostienen que los despidos responden a criterios puramente partidarios y no a su desempeño laboral previo.
Las acusaciones apuntan directamente hacia la figura del gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, referente del movimiento Honor Colorado. Se le señala como presunto responsable de estas maniobras para favorecer a operadores políticos de su sector. Ante la gravedad de los hechos, el ambiente educativo se mantiene en alerta por la estabilidad de los servicios.
Ante el avance de las críticas, el gobernador Marcelo Soto emitió un comunicado oficial el pasado lunes. En el documento, la autoridad departamental negó tener potestad legal para decidir sobre el personal de las escuelas. “Ninguna institución pública tiene la potestad para la contratación de funcionarios que pertenecen al plantel de empresas privadas”, dicta el texto enviado.
Soto aseguró que las empresas adjudicadas mediante licitación pública son las únicas responsables de seleccionar y supervisar al personal. De esta manera, la gobernación intenta desvincularse de la gestión de los recursos humanos en el programa alimentario. Sin embargo, los relatos de las trabajadoras afectadas contradicen la versión oficial de la institución departamental.
Ida Villalba Benítez, antigua cocinera de la Escuela Básica N° 2902, relató su experiencia tras no ser renovada. Ella afirma que su salida se debe a no apoyar a los candidatos oficialistas para las próximas elecciones. “Me sacaron a mí y a dos compañeras para poner a personas que apoyan a una concejal”, denunció la trabajadora.
Por su parte, el sector empresarial reconoce que el escenario político actual complica la administración de los contratos. Víctor Mendoza, también propietario del Grupo Altair S.A., confirmó que las presiones provienen de casi todos los partidos. Además, señaló que este fenómeno se intensificó debido a la cercanía de las elecciones municipales de octubre.
Mendoza explicó que existe una tasa de reposición de personal llamativamente alta durante este periodo lectivo de 2026. Admitió que muchas personas apelan a recomendaciones de familiares o figuras políticas para ingresar al sistema de alimentación. No obstante, el empresario insistió en que los criterios de eficiencia laboral deben prevalecer sobre cualquier pedido externo.
El titular de la CAEP reveló que a menudo se producen conflictos internos entre los empleados por afinidades partidarias. “Se pelean dentro de tu misma cocina porque dicen pertenecer a uno u otro movimiento”, lamentó el representante gremial. Para mitigar esto, las dieciocho empresas del gremio suelen consultar los perfiles con las directoras de las escuelas.
La respuesta institucional del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ha sido calificada como insuficiente por diversos sectores sociales. La cartera dirigida por Tadeo Rojas se limitó a señalar que la administración de recursos humanos es privada. Para el ministerio, su competencia principal es exigir que el servicio de alimentación escolar se cumpla en tiempo.
Desde el ámbito gremial docente, el panorama es visto con profunda preocupación por la degradación institucional. Gabriel Espínola, secretario de la Otep-Auténtica, denunció una “partidización extrema” que afecta directamente a los niños más vulnerables. Según el dirigente, los caudillos locales se disputan el control de los puestos como si fueran botines políticos.
Finalmente, el sindicato mencionó casos específicos en los departamentos de San Pedro y Cordillera con problemas similares. En distritos como Capiibary, la injerencia de ministros y gobernadores estaría desplazando la autoridad de los directores educativos regionales. Por lo tanto, el programa Hambre Cero enfrenta el desafío de separar la asistencia social de la disputa electoral.
Fuente: ABC Color
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