La Décima Circunscripción Judicial de Paraguarí atraviesa una crisis interna marcada por condiciones laborales que el propio funcionariado califica de insostenibles. Decenas de trabajadores denuncian que, con el calor extremo, cumplir la jornada se volvió “inhumano”: en varias oficinas no funcionan los sistemas de refrigeración por falta de mantenimiento y reparaciones urgentes, y el personal trabaja con temperaturas que llegan a rozar los 40 °C.
El malestar se agravó este miércoles 4 de marzo, luego de que se reportaran casos de taquicardia y descompensaciones entre funcionarios. “Es imposible rendir así”, sostienen, al tiempo de señalar que la productividad cae en un ambiente que consideran riesgoso para la salud. Ante la falta de respuestas, un grupo numeroso se manifestó en la explanada de la sede judicial para exigir una solución inmediata al problema de la climatización.
La reacción de las autoridades administrativas encabezada por la magistrada Rosalina Guens de Benítez sumó más enojo. En lugar de encarar arreglos, pidieron “paciencia” y, según los denunciantes, incluso apelaron a comentarios irónicos como “ya va a llegar el invierno”. Para los trabajadores, esa postura es una falta de respeto y minimiza una situación que ya tuvo consecuencias en la salud de los funcionarios.
Respuesta administrativa y medidas de contingencia
El Consejo de Administración argumentó que no cuenta con presupuesto disponible para las reparaciones. También indicó que la compra de nuevos equipos está supeditada a procesos de licitación que siguen en trámite. Como medida paliativa, se anunció una flexibilización del código de vestimenta para “mejorar la comodidad”, aunque los funcionarios sostienen que la decisión no cambia el fondo del problema: el calor dentro de las oficinas.
Una de las propuestas que más rechazo generó fue la sugerencia de que los propios trabajadores adquieran ventiladores o acondicionadores de aire. La administración señaló que, para ingresarlos al edificio, deben registrarse como bienes particulares. Para el personal, esto traslada al bolsillo del funcionario una responsabilidad que corresponde al Estado.
Los manifestantes insisten en que el reclamo no busca frenar el trabajo, sino poder hacerlo en condiciones dignas. “Queremos trabajar, venimos con toda la predisposición, pero ya es imposible”, expresó uno de los funcionarios. Mientras tanto, la falta de una respuesta técnica concreta mantiene en incertidumbre la operatividad de los juzgados.
Además, los trabajadores piden que los ministros responsables de la circunscripción, Víctor Ríos y Gustavo Santander, se pronuncien y ofrezcan una salida inmediata. “Las reuniones y las falsas esperanzas ya no alcanzan”, advirtieron.
Actualmente, las oficinas siguen operando con niveles de calor que superan los límites de seguridad ocupacional recomendados. Además, el riesgo de nuevas descompensaciones sigue latente mientras no se ejecute la reparación de los sistemas centrales. Los gremios analizan profundizar las medidas si el Consejo de Administración no agiliza las gestiones financieras para la refrigeración. La crisis en el Poder Judicial local refleja problemas estructurales de gestión presupuestaria.
