Economía

Falta de aporte estatal genera déficit en la Caja Fiscal

Un informe de “Me Sumo – Diálogo Ciudadano” desmiente que las jubilaciones causen la crisis. El Estado omitió su rol de empleador entre 2011 y 2025.

Gentileza mesumo.py

Un reciente examen técnico sobre la situación de la Caja Fiscal paraguaya arroja luz sobre el origen real de su desequilibrio financiero. Los datos confirman que el déficit del sistema de jubilaciones del sector público no responde a un exceso en los beneficios. Tampoco se origina en una insuficiencia de los aportes realizados por los trabajadores activos. La raíz del problema reside, exclusivamente, en la ausencia histórica de contribuciones por parte del Estado en su rol de empleador.

El documento fue elaborado por Víctor Báez Mosqueira, referente del colectivo independiente Me Sumo – Diálogo Ciudadano. Este análisis recoge las evidencias presentadas por el economista Luis Rojas ante el Sindicato de la Facultad de Ciencias Sociales. La conclusión central refuerza una premisa económica fundamental. Los trabajadores han sostenido financieramente el sistema mediante sus aportes directos. Sin embargo, el Estado paraguayo no ha cumplido con su responsabilidad institucional de realizar el aporte patronal correspondiente.

Los indicadores financieros entre los años 2011 y 2025 son reveladores para entender la magnitud del bache fiscal. Durante este ciclo, los empleados del sector público transfirieron al sistema un total equivalente a 5.970 millones de dólares. Por otro lado, las erogaciones totales por beneficios alcanzaron los 7.496 millones de dólares en el mismo periodo. Esta diferencia generó un déficit acumulado de 1.525 millones de dólares que hoy presiona las cuentas públicas nacionales.

¿Cómo impacta la omisión del aporte patronal estatal?

La estructura de ingresos muestra que los funcionarios contribuyeron con el 16 % de sus salarios de forma ininterrumpida. Mientras tanto, el Estado paraguayo mantuvo una tasa de aporte patronal del 0 % durante catorce años. Si el sector público hubiera aportado apenas un 10 % en concepto de cuota patronal, el escenario actual sería radicalmente distinto. En lugar de un faltante, el sistema presentaría un superávit estimado en 2.200 millones de dólares para el año 2025.

Esta omisión no solo representa un problema contable, sino que implica una vulneración de compromisos internacionales vigentes. Paraguay ratificó el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad social. Dicho acuerdo establece que las cotizaciones de los asalariados no deben exceder el 50 % del financiamiento total del sistema previsional. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación legal de contribuir con una proporción equivalente para garantizar la sostenibilidad del modelo.

¿Hacia una reforma paramétrica o una justicia fiscal?

Según Báez Mosqueira, el debate actual se está desviando hacia soluciones superficiales denominadas reformas paramétricas. Estas propuestas suelen centrarse en elevar la edad jubilatoria, aumentar los años de aporte o incrementar las tasas de cotización. No obstante, el análisis técnico sugiere que estas medidas no resuelven la cuestión estructural de fondo. El documento sostiene firmemente que no habrá justicia social sin justicia fiscal en el manejo de los fondos jubilatorios.

Afiche del evento.

En respuesta a esta coyuntura, el colectivo Me Sumo – Diálogo Ciudadano convoca a la ciudadanía a un debate nacional profundo. El foro híbrido denominado Hacia una Seguridad Social Integral y Universal en Paraguay busca analizar el rol del Estado. El evento contará con la ponencia de Ernesto Murro, exministro de Trabajo y expresidente del Banco de Previsión Social del Uruguay. Esta instancia pretende abrir una conversación fundamentada sobre alternativas de financiamiento sostenibles y cobertura universal.

La cita académica y ciudadana tendrá lugar en la Universidad Jesuita, ubicada en Colón 1163, el próximo viernes 13 de marzo a las 18:30 horas. El encuentro propone discutir la necesidad de una participación estatal efectiva que garantice la solvencia del sistema a largo plazo. Se invita a todos los sectores interesados a participar de esta conversación urgente para el futuro económico del país.

El acceso será libre y contará con transmisión digital para asegurar una participación plural en todo el territorio.