Yacyreta. Agencia IP
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha consolidado su transformación en un búnker de censura institucionalizada. Lejos de la transparencia prometida, el organismo se consolida como una “caja negra” donde la información pública es tratada como un secreto de Estado. La reciente puesta en marcha de la Circular SGP N.º 03/2026 representa la materialización de este régimen. Esta norma prohíbe estrictamente a los funcionarios hablar con los periodistas o difundir documentos internos. La medida ha desatado una ola de críticas en diversos gremios profesionales que ven, en esta acción, un preocupante retroceso para la democracia paraguaya.
El documento es claro en sus restricciones. La circular impide que cualquier trabajador brinde declaraciones sin autorización previa, instalando efectivamente un estado de vigilancia interna. La normativa no solo bloquea el flujo de datos, sino que amedrenta a los técnicos y administrativos bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Por lo tanto, el acceso a la verdad sobre la gestión energética y financiera de la binacional queda ahora supeditado al filtro político de la alta gerencia.
Para Magdalena Riveros, secretaria general de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), la situación es crítica. La circular lleva la firma del exdiputado Mario Cáceres, quien percibe un salario mensual superior a los G. 71 millones. Según Riveros, este reglamento no es una medida administrativa ordinaria. Ella lo califica contundentemente como un “decálogo para el oscurantismo informativo”. Riveros advierte que esta imposición es una amenaza directa contra el funcionariado y evidencia la política de restricciones que caracteriza al gobierno de Santiago Peña.
El discurso del Ejecutivo en los foros internacionales colisiona frontalmente con lo que ocurre dentro de los pasillos de la EBY. Mientras el presidente Santiago Peña promociona al país bajo la etiqueta de “grado de inversión” y firma compromisos globales a favor de la libertad de expresión, en el plano doméstico permite que entes estratégicos operen como feudos privados. La crítica de la SCP apunta a esta flagrante contradicción. Existe una brecha abismal entre la imagen de apertura que vende el Gobierno ante inversores extranjeros y la realidad que experimenta la ciudadanía al intentar fiscalizar el gasto público.
Riveros fustigó esta dualidad en un tono severo. “Tenemos un país con aval internacional de grados de inversión, pero con una falta total de probidad en su relación con la ciudadanía”, sentenció. La pregunta que surge de este hermetismo es obvia pero necesaria. ¿Qué tipo de hechos de corrupción, qué niveles de despilfarro en sueldos exorbitantes o qué irregularidades técnicas intenta ocultar la binacional bajo este manto de silencio? El silencio administrativo suele ser el refugio predilecto de gestiones que temen, por encima de todo, el escrutinio público.
Además, este esquema de “voz única” busca centralizar la narrativa oficial de manera autoritaria. El modelo imita las prácticas del MITIC, donde cada ministerio debe aguardar el visto bueno de un superior para emitir cualquier mensaje. Este control excesivo es síntoma de una administración que desconfía de sus propios cuadros técnicos. Además, delega la comunicación en manos de operadores políticos, dejando de lado a los profesionales preparados para gestionar la información de interés público con criterios éticos.
Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la postura es igualmente inflexible. Su secretario general, Santiago Ortiz, calificó la decisión como un retroceso que vulnera los estándares internacionales de acceso a la información pública. Ortiz enfatizó que la creación de barreras para datos no confidenciales constituye una grave irregularidad administrativa. El acceso a la información no es un privilegio de los funcionarios, sino un derecho fundamental del ciudadano. Por lo tanto, cualquier intento de supresión de este derecho debe ser considerado un ataque directo al sistema democrático.
“En administraciones anteriores sí había ese acceso, por lo que esto representa un retroceso, y eso tiene un marco de irregularidad, porque no se podrían aceptar retrocesos en materia de derechos desde que está vigente la legislación”, explicó el titular del SPP. El sindicato sostiene que estas medidas no tienen sustento legal válido en un Estado de derecho. Además, recuerdan que la legislación vigente prohíbe expresamente cualquier tipo de retroceso en derechos humanos ya consolidados. La EBY, al ignorar este marco, se coloca fuera de los parámetros constitucionales mínimos de transparencia.
La implementación de este esquema represivo tiene rostros y nombres definidos. Según el gremio periodístico, la directiva es liderada por Mario Cáceres y cuenta con la complicidad operativa de Eduardo Bado y Nancy Espínola. Ambos ostentan ingresos mensuales de G. 37 millones. El SPP los señala como los “guardianes del silencio” encargados de ejecutar esta censura interna. Su labor principal consiste en amedrentar a los trabajadores para evitar cualquier filtración o abordaje periodístico. Este clima de zozobra está causando un daño irreparable a la institucionalidad de la EBY.
El miedo a enfrentar sumarios administrativos o despidos directos ha silenciado a técnicos clave de la entidad. Antes, estos especialistas aportaban análisis valiosos sobre la industria energética, la cual constituye el principal activo ofrecido al mercado internacional. Sin embargo, ahora impera el temor. Este amedrentamiento es la prueba definitiva de que la política de opacidad está surtiendo efecto, dejando a la sociedad civil sin acceso a la información que le pertenece legítimamente.
Fuente: ABC Color
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