Autoridades públicas, gremios y representantes de trabajadores afectados analizaron criterios para limitar los descuentos aplicados a los salarios de funcionarios en el marco de la investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”. Uno de los principales consensos plantea que el tope de las deducciones se calcule sobre el salario neto del trabajador.
El encuentro fue organizado por la Comisión Especial de Investigación de carácter temporal que estudia el caso en el Congreso. La instancia es encabezada por el senador Rafael Filizzola.
La reunión se centró en los descuentos judiciales y convencionales que afectan a numerosos funcionarios públicos. Entre los sectores más afectados figuran docentes y trabajadores del área de enfermería.
Durante la mesa de trabajo se revisaron los criterios utilizados actualmente para fijar el porcentaje máximo de descuentos sobre los salarios. En ese contexto se analizó una resolución reciente emitida por una jueza de paz de Luque.
El fallo se originó tras una acción promovida por la defensora pública Leticia Casaccia. La decisión judicial dispuso reducir la cuota de embargo aplicada a un trabajador.
La resolución establece que el cálculo del límite de descuentos debe realizarse según lo dispone la Ley N.º 7564/2025. Esta normativa fue promulgada en noviembre de 2025.
El criterio fijado en esa resolución señala que el cálculo debe hacerse sobre el salario efectivamente percibido por el trabajador. En algunos casos, instituciones públicas venían aplicando el cálculo sobre el salario total presupuestado.
Entre las entidades mencionadas durante el análisis se encuentran el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Según los participantes, la interpretación correcta de la ley busca proteger el ingreso real del trabajador.
En la reunión participaron representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas.
También formaron parte de la mesa la Asociación de Jueces de Paz, la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay y la Coordinadora de Víctimas de este sistema de cobros.
Los participantes señalaron que el acuerdo representa un avance para evitar descuentos excesivos que afectan a trabajadores del sector público. El objetivo es lograr una aplicación más clara de la normativa laboral vigente.
Además, se analizó la situación de empleados del sector privado. En esos casos también se registran descuentos judiciales vinculados a deudas.
En ese ámbito se planteó que el cálculo de las deducciones mensuales se realice tomando como base el salario luego de descontar el aporte al Instituto de Previsión Social.
Para consolidar este criterio, las autoridades evaluarán posibles medidas administrativas o cambios legislativos. La comisión indicó que el trabajo interinstitucional continuará para establecer reglas claras y reforzar la seguridad jurídica de los trabajadores.
Fuente: Judiciales. Net
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