Guardias de brazos caídos. Gentileza.
Un grupo de 58 guardias de la empresa GSR Security inició una manifestación frente al Hospital General de Itapúa. Los trabajadores denuncian graves irregularidades laborales y salariales en el servicio tercerizado del centro asistencial. Ariel Vázquez, vocero del grupo, confirmó que el reclamo principal es el cumplimiento de los pagos correspondientes. Los afectados exigen que la firma privada respete los derechos básicos establecidos en el Código Laboral.
La precariedad salarial alcanza niveles críticos según los testimonios recolectados en el sitio. Liliana Méndez, integrante del equipo de seguridad, calificó la situación como inhumana debido a los descuentos excesivos aplicados. “En vez de pagarnos, nos descuentan el salario. Hay compañeros que cobran G. 400.000 al mes”, cuestionó la trabajadora. Estas cifras no alcanzan siquiera el salario mínimo legal vigente en el país.
Además de los bajos ingresos, existe una grave denuncia por la falta de cobertura de seguridad social. Los empleados aseguran que firmaron contratos donde se estipulaba el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, al intentar utilizar los servicios médicos, descubrieron que la patronal no realiza los pagos. “Hay compañeros que fueron a consultar al IPS y descubrieron que no están asegurados”, explicó Méndez con preocupación.
La empresa GSR Security no es nueva en el ámbito de las controversias contractuales con el Estado. Se le vincula directamente con el Consorcio de Tecnología, Seguridad, Vigilancia del Paraguay (TSV). Este grupo empresarial está liderado por Pablo Enrique Salinas Bomfim y Jorge Jure Bykov. Investigaciones previas señalan que estas firmas habrían facturado cerca de 50 millones de dólares durante la administración anterior.
Existen reportes que indican prácticas desleales para obtener contratos públicos mediante influencias políticas. El grupo ha sido investigado por supuesta colusión, simulación de competencia y presentación de documentación falsa. A pesar de los sumarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el consorcio sigue ganando licitaciones millonarias. Actualmente, operan bajo distintas denominaciones comerciales para mantener su presencia en entes estatales y el sector privado.
En 2024, funcionarios de GSR agredieron salvajemente a un guardia que fue a reclamar sus descuentos salariales a la empresa
Los trabajadores del hospital también reportan un sistema de control que califican como persecutorio y abusivo. Denuncian que la empresa aplica multas económicas por acciones cotidianas como ir al cuarto de baño. “Te movés mal y te hacen llamar, te vas al baño y te multan”, reveló Liliana Méndez. Estas medidas coercitivas se suman a jornadas laborales extensas que pueden llegar hasta las 24 horas continuas.
Muchos guardias evitan realizar denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo por temor a represalias inmediatas. No obstante, algunos excompañeros ya han iniciado procesos legales tras ser desvinculados por intentar sindicalizarse. La empresa también es señalada por vender uniformes a precios elevados, violando la gratuidad establecida por ley. Estas prácticas ponen en riesgo la estabilidad de quienes buscan el sustento diario en el área de seguridad.
El cuestionamiento llega hasta el Ministerio del Interior, donde el grupo se adjudicó contratos por G. 30.000 millones. Dicha adjudicación se concretó a finales de 2023, a pesar de no presentar la oferta más económica. Los denunciantes sostienen que se utilizan artimañas técnicas para favorecer a estas empresas en los procesos licitatorios. La falta de transparencia en estas concesiones afecta directamente la calidad del servicio y los derechos de los operarios.
La situación de los guardias en Itapúa es el reflejo de un sistema de tercerización con escaso control estatal. Mientras las empresas facturan montos millonarios, los trabajadores perciben salarios que no cubren sus necesidades básicas. La movilización busca que las autoridades intervengan de manera urgente para sancionar estos abusos. El cumplimiento de las leyes laborales debe ser un requisito innegociable para cualquier proveedor del Estado.
Fuente: Última Hora
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