El presidente de la Unión Nacional de Jubilados, Pedro Halley, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. La acción judicial apunta a presuntas irregularidades detectadas en la administración del Instituto de Previsión Social (IPS). El escrito señala una gestión supuestamente ineficiente del patrimonio perteneciente a los asegurados. Se enfoca, principalmente, en la contratación discrecional de abogados externos bajo sospechas de corrupción.
Bajo el patrocinio del abogado Juan Sosa Bareiro, la denuncia se dirige contra personas innominadas por mal manejo patrimonial. Los hechos denunciados se basan en diversos reportes de medios de prensa locales. Halley sostiene que estas acciones podrían configurar delitos de lesión de confianza y apropiación. Por ello, solicita una investigación exhaustiva sobre los procesos administrativos vigentes en la previsional.
La presentación cuestiona la elección de asesores jurídicos sin criterios objetivos ni concursos de oposición. Según el documento, no existe una evaluación técnica que justifique estas contrataciones externas. Esta falta de transparencia vulneraría el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional. Además, se observa una inobservancia de la legalidad y la objetividad requerida en la función pública.
¿Se justifica el gasto en asesoría externa?
El denunciante afirma que no consta un informe técnico que acredite la necesidad de una especialización extraordinaria. Tampoco se demostró la imposibilidad material del plantel jurídico interno para realizar dichas tareas. Por lo tanto, el gasto se considera arbitrario y carente de racionalidad presupuestaria. Esta situación afectaría directamente a los recursos destinados originalmente a la salud y las jubilaciones.
Las erogaciones innecesarias generan una doble estructura jurídica financiada con fondos de la seguridad social. Halley enfatiza que el IPS administra ahorros de los trabajadores y no recursos de libre disponibilidad. El incremento del gasto en honorarios no se traduce en mejores resultados para la institución. Al coexistir salarios internos con pagos externos, el patrimonio previsional sufre un perjuicio económico severo.
Impacto en la eficiencia institucional
Un punto crítico de la denuncia es la paralización de sumarios y procesos administrativos internos. A pesar del aumento de asesores, las licitaciones continúan enfrentando incidentes o excepciones constantes. No se evidencia una mejora en los tiempos procesales ni en la operatividad de la entidad. Si el resultado no mejora, el gasto adicional carece de toda razonabilidad lógica.
La contratación masiva de abogados externos se realizó sin estudios previos de carga laboral. Tampoco se presentó una evaluación presupuestaria que respalde la sostenibilidad de estos contratos. Para el gremio de jubilados, esto representa una violación a los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad. La responsabilidad recaería directamente sobre los ordenadores de gastos de la previsional.
Por otro lado, se mencionó un pedido previo de investigación realizado por el senador Rafael Filizzola. Dicha solicitud fue presentada el 3 de marzo del corriente año ante las autoridades competentes. Halley solicitó la acumulación de ambas causas debido a la coincidencia plena en los hechos denunciados. Se busca unificar los esfuerzos judiciales para determinar la existencia de hechos punibles.
Finalmente, el escrito menciona sospechas de producción de documentos no auténticos en el marco administrativo. La Fiscalía deberá determinar si existió un esquema de desvío de fondos mediante servicios jurídicos innecesarios.
Fuente: El Observador
