Un análisis detallado de las designaciones realizadas entre 2023 y 2025 expone una realidad preocupante en el Instituto de Previsión Social. El entorno del Consejo de Administración incorporó a decenas de nuevos funcionarios con remuneraciones elevadas. En algunos casos, estos salarios superan los G. 10 millones mensuales de forma recurrente. Los registros muestran que varios beneficiados cuentan apenas con formación secundaria o carecen de una profesión declarada.
Cada integrante del Consejo de Administración sumó a más de 10 funcionarios durante sus respectivos periodos de gestión. Esta tendencia evidencia una estructura de nombramientos que privilegia los cargos de confianza sobre los concursos públicos. Según los datos analizados, se contabilizan 42 nuevos funcionarios permanentes bajo esta modalidad específica. Estos ingresos representan una carga financiera significativa para los recursos de los asegurados del sistema previsional.
Quien encabeza la lista de incorporaciones es Víctor Eduardo Insfrán Dietrich, representante de los trabajadores aportantes. El consejero registra un total de 28 funcionarios a su cargo directo en la institución. De ese grupo, 12 personas ingresaron formalmente durante el transcurso del año 2023. Esta cifra lo posiciona como el miembro con mayor cantidad de personal asignado bajo su estructura.
Distribución de cupos y cambios en la mesa directiva
El cupo correspondiente a la representación del Ministerio de Trabajo cuenta actualmente con 25 funcionarios activos. Dicho estamento fue ocupado hasta hace pocas semanas por Carlos Pereira, quien presentó su renuncia al cargo. Durante su gestión, se sumaron nuevos asignados, incluyendo comisionados provenientes del Ministerio de Urbanización, Vivienda y Hábitat. Hoy, la representación de este sector clave está bajo la responsabilidad de la doctora Bettina Albertini.
La lista de personal vinculado continúa con José Jara Rojas, representante de jubilados y pensionados, con 11 funcionarios. Una cifra idéntica registra José Emilio Argaña Contreras, quien representa al sector de los empleadores en la previsional. Argaña puso su cargo a disposición del Ejecutivo, pero continúa en funciones esperando a su reemplazante oficial. Solo en el año 2023, este consejero incorporó a 11 nuevos funcionarios bajo su dependencia directa.
Por su parte, el doctor Gustavo González incorporó a 10 funcionarios en representación del Ministerio de Salud Pública. Los registros oficiales confirman que más de la mitad de los 42 nombramientos corresponden a cargos vinculados al Consejo. Este órgano es el principal centro de conducción de la previsional y concentra el mayor gasto en personal. El esquema administrativo actual incluye una red extensa de asesores, secretarías y consejerías sectoriales.
Perfiles profesionales y disparidad salarial en la nómina
Uno de los hallazgos más llamativos es el caso de Sofía María Luján Gauto Coronel. Ella fue designada el 31 de enero de 2023 como secretaria del Consejo de Administración. Percibe un salario de G. 8.513.965, a pesar de no figurar con una profesión declarada en los registros. Un caso similar es el de Pablo Jeremías Olmedo López, incorporado a la Consejería del Ministerio de Trabajo. Su remuneración es de G. 2.823.494 y tampoco consigna formación profesional.
En el extremo superior de la escala salarial aparecen funcionarios con remuneraciones que duplican el promedio público. Arnaldo Maximino Morales Cocuesta, economista vinculado al Consejo de Trabajadores, percibe mensualmente la suma de G. 14.476.000. Asimismo, Jesús Miguel Ramírez Melgarejo, representante de trabajadores asegurados, recibe el mismo monto de G. 14.476.000. Estas cifras reflejan una política de compensaciones elevadas para puestos estratégicos de confianza política.
Otros asesores técnicos también figuran con ingresos mensuales que superan los G. 11 millones en la previsional. José Osvaldo Fernández Franco, economista, tiene una remuneración asignada de G. 11.165.690 según los datos oficiales. Por su parte, el abogado Sabas Carmelo Ruffinelli Hellman registra ingresos por un total de G. 11.909.367. Además, Paola Andrea Zárate Giménez, abogada de la Oficina de Mediación, percibe un salario mensual de G. 12.576.731.
El costo operativo de los cargos de confianza
El sostenimiento de estos cargos de confianza implica un gasto anual aproximado de G. 10.000 millones. La mayoría de estos funcionarios ingresan con la categoría de permanentes, lo que asegura su continuidad institucional.
Listado de profesionales designados en cargos de confianza vinculados directamente a la conducción de la previsional o representaciones:
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Víctor Ulises Caballero Ferreira: Abogado (Ministerio de Trabajo)
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Paula Leticia Rolón Romero: Abogada (Representante de Empleadores)
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Viviana Marcela Fuster Careaga: Contadora
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Dora Lilian Torres Argüello: Licenciada en Ciencias Químicas
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Jazmín Alba Rojas Vía Llane: Licenciada en Administración de Empresas
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Marta Irene Valenzuela Mareco: Representación de Jubilados y Pensionados
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Álvaro Sebastián Alfonso Meza: Representación del Ministerio de Trabajo
Existen otros órganos vinculados que también registran nuevas incorporaciones bajo este esquema de designaciones directas.
Entre ellos figuran el Consejo de Trabajadores Asegurados, el de Jubilados y el Consejo Obrero Patronal. José Bernardo Rojas Silva, Pedro Juan Duarte Almada y María Elena Bogado Cardozo son algunos de los beneficiados. Todos ellos ocupan roles de representación o asesoría técnica con salarios que se mantienen en niveles superiores.
Esta estructura de asesores y secretarios con salarios VIP genera una presión constante sobre el presupuesto del IPS. Las designaciones reflejan un esquema de distribución de cargos entre los distintos sectores que integran la conducción. Sin embargo, la falta de criterios de profesionalización en algunos perfiles genera cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto.
Fuente: Última Hora
