La agente fiscal Stella Mary Cano presentó este martes su renuncia indeclinable ante la Corte Suprema de Justicia. La comunicación formal se realizó poco después del mediodía mediante una nota dirigida a la máxima instancia judicial. En el documento, la funcionaria manifiesta su intención de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. Esta decisión ocurre en un contexto de fuerte presión institucional y procesos disciplinarios abiertos en su contra.
Cano se desempeñaba últimamente como representante del Ministerio Público en la ciudad de Ayolas. Su dimisión coincide con la notificación oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre un pedido de suspensión. La Corte Suprema de Justicia tiene previsto analizar esta situación en su sesión ordinaria de este miércoles. Con la renuncia presentada, el tratamiento de su salida del sistema judicial adquiriría un carácter prioritario para los ministros.
El avance de esta renuncia permitiría que la agente fiscal evite la culminación de su enjuiciamiento ante el JEM. El órgano juzgador ya había dispuesto el desafuero de Cano el pasado 26 de febrero. Esta medida respondió a una comunicación de la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz. La magistrada actuó tras la imputación presentada por la fiscala Sonia Sanguinés por presunta persecución de inocentes.
¿Por qué la renuncia evitaría su remoción directa?
El proceso en el Jurado de Enjuiciamiento posee una relevancia jurídica particular según la normativa vigente. Stella Mary Cano ya cuenta con dos apercibimientos previos por mal desempeño funcional en sus labores anteriores. El primer caso estuvo relacionado con la causa Mocipar y el segundo con el proceso al ex intendente Mario Ferreiro. Un tercer juicio con sentencia de responsabilidad funcional significaría su expulsión inmediata del sistema judicial.
La Ley N° 6814/2021 establece parámetros claros sobre la acumulación de sanciones para magistrados y fiscales. El artículo 34 estipula que la remoción es obligatoria si el enjuiciado registra dos apercibimientos anteriores. Por lo tanto, el escenario procesal de Cano apuntaba directamente a la pérdida de su investidura fiscal. Al renunciar antes de la sentencia, la agente busca cerrar el ciclo administrativo bajo la figura de la jubilación.
Renunció Stella Mary Cano. Se va sin haber rendido cuentas sobre la manera en la que conspiró para perseguir a autoridades electas.
Se va después de haber blanqueado a quienes jodieron a los estafados del caso Mocipar.
Se va, pero su culpa sigue pendiente. pic.twitter.com/UDYNISTPxc
— Juan Carlos Lezcano (@juankilezcano) March 10, 2026
Dentro de los antecedentes citados en el órgano juzgador aparecen las investigaciones denominadas #LaMafiaManda. En dicho marco se revelaron presuntos chats donde la fiscala habría solicitado intermediaciones políticas. Específicamente, se menciona un pedido al entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes para influir en sus causas. Estas revelaciones aumentaron el cuestionamiento público sobre su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la acción penal pública.
¿Qué hechos originaron la imputación penal?
La causa por presunta persecución de inocentes tiene su origen en una denuncia por estafa del año 2018. El caso involucró al estilista italiano Ciro Panniello y a una ciudadana identificada como María Teresa Escobar. Ambos intentaron formar una sociedad comercial que finalmente no prosperó. Panniello entregó un cheque de garantía por G. 120 millones, pero el documento fue rechazado por deficiencias de fecha al intentar cobrarlo.
Ante este conflicto comercial, la fiscala Stella Mary Cano ordenó la detención del ciudadano italiano. Posteriormente, dispuso un procedimiento de constitución en la peluquería del denunciado junto a abogados y asistentes. El objetivo real de este acto fue forzar un “acuerdo conciliatorio” entre las partes involucradas. En ese momento, Panniello entregó bienes del local valorados en más de G. 778 millones a la denunciante Escobar.
Panniello denunció posteriormente que fue coaccionado para firmar dicho documento mientras se encontraba privado de su libertad. Según su testimonio, las autoridades lo amenazaron con un traslado inmediato a la penitenciaría de Tacumbú. Tras la firma del acuerdo, Cano ordenó su libertad y solicitó la desestimación de la causa penal. Sin embargo, el juzgado de garantías rechazó el pedido fiscal al detectar las irregularidades en el consentimiento del imputado.
El Consejo de Superintendencia de la Corte y el pleno de ministros deberán decidir si aceptan la renuncia. De ser admitida, el proceso de enjuiciamiento ante el JEM quedaría sin objeto por la pérdida de la condición de magistrada. Este mecanismo es utilizado frecuentemente en el ámbito judicial para evitar la deshonra de la remoción. La ciudadanía aguarda la resolución de este miércoles para confirmar el estatus final de la ahora exfiscala.
Fuente: ABC Color
