Docentes se congregan en la Plaza Uruguaya este 11 de marzo, en expectativa ante el tratamiento del proyecto de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores. Gustavo Machado, ABC Color
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría la Reforma de la Caja Fiscal. Esta decisión busca reducir el millonario déficit del fondo de jubilaciones estatal. El documento presenta diversas modificaciones y retornará a la Cámara de Diputados. La aprobación ocurrió bajo un clima de tensión social y manifestaciones. Los docentes coparon el microcentro capitalino en protesta.
La estructura jubilatoria no recibía cambios profundos desde hace dos décadas. El último ajuste significativo data del año 2003. Aquella reforma se realizó bajo la gestión de Nicanor Duarte Frutos. En ese periodo, Dionisio Borda se desempeñaba como ministro de Hacienda. Durante la sesión extraordinaria actual, los legisladores centraron su debate únicamente en este punto financiero.
Los senadores analizaron diversas posturas sobre las variaciones sugeridas al texto original. Estas modificaciones surgieron tras la constante presión ejercida por los gremios de educadores. Finalmente, la plenaria decidió acompañar las recomendaciones de la Comisión de Hacienda. No obstante, el panorama en la Cámara Baja parece incierto. Existen reportes sobre posibles desacuerdos internos respecto a los términos validados.
Una variación resaltante es la implementación del aporte estatal directo del 10%. Esta medida tendrá aplicación inmediata una vez promulgada la normativa. Actualmente, el régimen vigente no contempla esta transferencia de recursos fiscales. La versión de Diputados proponía un esquema escalonado del 1% al 5%. Además, el Senado ratificó el aumento del aporte para trabajadores activos.
Los empleados de sectores deficitarios pasarán de contribuir un 16% a un 19%. El incremento en las tasas apunta a estabilizar las arcas de la previsional. Este ajuste financiero afectará directamente el salario líquido de miles de funcionarios. Los legisladores consideran que el esfuerzo debe ser compartido con los beneficiarios. Sin embargo, los gremios sostienen que estas medidas impactan severamente.
Para educación y justicia se establecieron parámetros específicos de retiro. Los docentes y magistrados deberán cumplir ahora con 53 años de edad mínima. Asimismo, se exigirá un piso de 25 años de aportes efectivos. Bajo estas condiciones, el trabajador accederá a una tasa de sustitución del 78%. Este porcentaje podrá ascender gradualmente hasta alcanzar un tope del 90%.
La normativa mantiene las disposiciones para la jubilación extraordinaria por enfermedad. En tales casos, el docente podrá retirarse con 10 años de aportes. La tasa de sustitución para estas situaciones se fijó en un 40%. Además, se incluyó una cláusula de transición para proteger derechos actuales. Aquellos educadores con 20 años de servicio podrán elegir entre ambas leyes.
Por otro lado, las fuerzas públicas experimentaron cambios en sus requisitos ordinarios. El Senado estableció la edad mínima de retiro en 55 años para uniformados. Esta cifra representa una flexibilización frente a los 57 años de la Cámara Baja. También se ajustó la tasa de sustitución de haberes para este sector. Los montos oscilarán entre el 75% y el 90% según servicios.
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El proyecto también incluyó disposiciones sobre herederos y pensiones por invalidez laboral. En cuanto a los magistrados judiciales, se mantuvo la regla del “dos por uno”. Mediante esta norma, se reconoce un año como magistrado por cada dos administrativos. Por lo tanto, el cálculo final resulta más favorable para los integrantes del Poder Judicial. El documento aguarda ahora su tratamiento legislativo final.
Fuente: ABC Color
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