Asfaltado de ruta (imagen ilustrativa). Iryna Melnyk
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) presentó un análisis técnico sobre el origen de los compromisos financieros pendientes del Estado. El gremio sostiene que la deuda de USD 360 millones con las empresas constructoras responde a una baja ejecución presupuestaria durante el ejercicio 2025. Este fenómeno se vincula directamente con el tope fiscal del 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Tal medida forma parte del plan de convergencia establecido por el Gobierno Nacional tras los niveles de gasto de la postpandemia.
El presidente del gremio, Paul Sarubbi, indicó que el cumplimiento total del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habría mitigado el problema. Según los registros contables, para el año 2025 se presupuestaron inicialmente unos USD 690 millones. Sin embargo, el Estado solamente desembolsó USD 440 millones para el sector vial. Esta diferencia de USD 250 millones representa el núcleo del incremento de la deuda acumulada que afecta a las empresas privadas.
La situación económica se vuelve compleja para el sector privado debido a estas limitaciones administrativas. Si bien Sarubbi reconoció la importancia de mantener la disciplina fiscal, cuestionó los métodos aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “No puede lograrse a costa de no pagarle a los proveedores del Estado”, enfatizó el dirigente. Para el sector vial, frenar los pagos genera una inestabilidad que impacta en toda la cadena logística y laboral de las obras públicas.
El escenario actual se ve condicionado por la meta de convergencia hacia el 1,5% de déficit fiscal para el presente año. Esta cifra es la que impone la Ley de Responsabilidad Fiscal. No obstante, este límite técnico está frenando incluso el pago de deudas de obras que poseen financiamiento externo asegurado. El problema central no es la carencia de activos líquidos, sino las restricciones legales para el uso de los fondos disponibles.
En la actualidad, la deuda total con las constructoras se divide en dos componentes principales. Alrededor de USD 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas y verificadas. Los restantes USD 110 millones se atribuyen a intereses acumulados debido a la mora estatal en los pagos. Esta acumulación de intereses financieros representa un costo adicional para el Estado por no cumplir con los plazos de cancelación establecidos en los contratos.
Paul Sarubbi detalló que una parte significativa de los certificados pendientes está respaldada por créditos de organismos internacionales. Entidades como el BID, la CAF y Fonplata ya han puesto los recursos a disposición del país. Paraguay, incluso, se encuentra pagando tasas por la disponibilidad de estos fondos externos. “El problema no es la falta de dinero, sino que no se está utilizando por el tema del tope del déficit fiscal”, remarcó el presidente de Cavialpa.
El análisis de la cámara vial sugiere que al menos USD 125 millones podrían cancelarse de manera inmediata. Estos recursos corresponden a la mitad del capital adeudado y provienen exclusivamente de préstamos externos. Al tratarse de dinero ya desembolsado por organismos multilaterales, su uso no debería estar condicionado por la liquidez del Tesoro. Sin embargo, el indicador del déficit fiscal sigue siendo el principal obstáculo administrativo para normalizar los flujos de caja del sector.
Ante esta coyuntura, el gremio propone una optimización del gasto público general. Sugieren que el Gobierno debería enfocarse en disminuir gastos innecesarios en otras áreas del presupuesto estatal. En lugar de recortar pagos a empresas que prestan servicios esenciales, se recomienda mejorar la eficiencia administrativa. De esta manera, se podría cumplir con los indicadores macroeconómicos sin asfixiar financieramente a las constructoras locales que sostienen el empleo en el país.
El cumplimiento del presupuesto completo habría reducido significativamente la mora actual. Además, hubiera evitado el atraso que hoy castiga la planificación financiera de las empresas paraguayas. Por ahora, el sector vial aguarda una flexibilización o una estrategia alternativa por parte del Ministerio de Economía. La meta es que el plan de convergencia no comprometa la continuidad de los proyectos de infraestructura que son vitales para el desarrollo nacional.
Fuente: Última Hora
Esta web usa cookies.