Una Cámara de Apelación Penal confirmó la condena de ocho años de prisión para Joaquín Roa Burgos, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El tribunal ratificó íntegramente la sentencia que lo halló culpable de direccionar licitaciones públicas para obtener beneficios personales y favorecer a terceros.
La resolución también ratifica la pena de seis años de prisión para Alberto Koube Ayala, amigo del exministro y considerado uno de los principales beneficiarios del esquema investigado. Ambos fueron procesados por irregularidades en contrataciones realizadas durante la gestión de Roa al frente de la institución estatal.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso el comiso de un yate perteneciente a Roa Burgos. La embarcación está valuada en unos USD 450.000. También se estableció la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años.
El fallo señala que Roa Burgos fue hallado culpable de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. La ejecución de la condena quedará pendiente hasta que la sentencia quede firme.
En el caso de Koube Ayala, la condena se basa en los delitos de asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice y lavado de dinero. La Cámara de Apelación resolvió confirmar la pena de seis años de cárcel que ya había sido dictada en primera instancia.
Según la investigación fiscal, las acciones de ambos provocaron un perjuicio patrimonial a la SEN cercano a G. 16.000 millones. Las irregularidades se habrían concentrado principalmente en contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.
De acuerdo con la acusación, entre 2018 y 2021 Roa Burgos adjudicó millonarias licitaciones a favor de Koube Ayala. El objetivo, según el fallo, era obtener beneficios económicos conjuntos mediante el uso de fondos públicos.
Las adjudicaciones se realizaron a través de empresas vinculadas a Koube. Entre ellas figuran Grupo Tapyracuai S.A., JPA Logística, Noemacol y Sofimac. También aparecen mencionadas personas relacionadas como Joaquín Núñez y Katerine Ayala.
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Para el tribunal, estas operaciones formaban parte de un esquema destinado a desviar recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional. Parte del dinero habría sido utilizado para la compra de bienes y para la obtención de ganancias indebidas.
Fuente: Judiciales. Net
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