Fátima Saucedo, funcionaria de la EBY, fue sumariada por planillerismo pero volvió con un sueldazo de Gl 30 millones. Hoy, admitió el uso de certificados médicos falsos y con una donación de G. 10 millones, se salvó de ir a juicio oral y público. Internet
Fátima Leticia Saucedo Zelada, apodada “La Negra”, evitó enfrentar un juicio oral y público. La funcionaria estaba procesada por presentar certificados médicos falsos ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Este esquema buscaba justificar sus reiteradas ausencias laborales en la hidroeléctrica. Sin embargo, una salida procesal le permitió cerrar el caso mediante una donación de dinero.
La justicia otorgó la suspensión condicional del procedimiento a favor de la acusada. El Ministerio Público le atribuyó el “uso de certificado de salud de contenido falso”. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 256 del Código Penal. La normativa establece penas de hasta dos años de cárcel o multa. Por lo tanto, la baja expectativa facilitó el acuerdo judicial.
Las investigaciones revelaron que Saucedo intentó justificar 47 días de inasistencia. Todo ocurrió en un periodo de apenas seis meses de trabajo. Los reposos médicos presentaban anomalías evidentes para cualquier observador técnico. Por ejemplo, las consultas se realizaban una semana después del inicio de la supuesta enfermedad. Estos documentos carecían de respaldo médico real y oportuno.
En el año 2022, la mujer fue desvinculada de la EBY tras un sumario administrativo. Las autoridades confirmaron entonces que incurrió en prácticas de “planillerismo”. Durante ese tiempo, Saucedo se desempeñaba como fotógrafa de campaña del actual mandatario Santiago Peña. A pesar de este antecedente escandaloso, logró retornar a la entidad con un salario elevado.
Actualmente, la funcionaria percibe una remuneración mensual de 30 millones de guaraníes. Según sus propias declaraciones, se encuentra comisionada al Congreso Nacional por disposición superior. Su retorno al sector público generó fuertes cuestionamientos en la opinión ciudadana. No obstante, su situación laboral se mantuvo firme pese al proceso penal abierto en su contra.
El caso también involucra al médico traumatólogo Germano Rodolfo Gernhofer Valdez. El profesional fue acusado de “expedición de certificado de salud de contenido falso”. Este acto constituye una violación al artículo 254 del Código Penal paraguayo. Dicha infracción contempla una sanción de hasta tres años de cárcel. Ambos procesados compartieron la misma estrategia de defensa ante el magistrado.
Los defensores Federico Hetter y Mario Bobadilla solicitaron suspender el procedimiento penal. Argumentaron que “no existió un perjuicio patrimonial” real para el Estado paraguayo. Según explicaron, la binacional efectuó los descuentos salariales correspondientes por cada ausencia detectada. Además, resaltaron que sus clientes no poseen antecedentes penales que impidan este beneficio legal.
El juez Miguel Palacios aceptó la propuesta con el visto bueno fiscal. Como medida principal, Saucedo debe donar 10 millones de guaraníes a Aldeas Infantiles SOS. El depósito se realizará en 12 cuotas mensuales consecutivas para cumplir la obligación. Por su parte, el médico Gernhofer entregará una suma idéntica a la Fundación Asoleu. De este modo, evitan el banquillo de los acusados.
El magistrado impuso reglas estrictas que los beneficiarios deben acatar rigurosamente. Tienen prohibido salir del país o cambiar de domicilio sin permiso judicial. Asimismo, deben comparecer mensualmente ante el juzgado de ejecución para el control. El incumplimiento de cualquier norma revocará el beneficio de forma inmediata. Consecuentemente, el proceso penal contra los imputados seguiría su curso ordinario.
Fuente: ABC Color
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