Basilio "Bachi" Núñez, presidente de la Cámara de Senadores desde julio de 2024. Senado Gentileza
El senador Basilio “Bachi” Núñez anunció que dejará de percibir un polémico sobresueldo mensual. Se trata de la “bonificación por responsabilidad” que alcanzaba los G. 21 millones. Con este plus, su remuneración total superaba los G. 63 millones cada mes. El legislador cartista tomó esta medida tras la fuerte presión ciudadana de los últimos días. Sin embargo, los registros oficiales revelan que este privilegio se consolidó recientemente en la gestión actual. Los documentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que este esquema de beneficios se activó bajo el gobierno de Santiago Peña.
Los antecedentes indican que Núñez mantuvo inicialmente el salario base de sus antecesores en el cargo. No obstante, tiempo después activó un beneficio discrecional que disparó sus ingresos personales de forma repentina. La supuesta austeridad del parlamentario parece haber llegado con bastante retraso a la escena pública. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, el legislador logró embolsillar unos G. 253.211.400 adicionales. Este monto extra fue percibido únicamente a través del rubro de bonificaciones ahora cuestionado por la opinión pública.
Mientras tanto, otros sectores del Poder Ejecutivo mantienen una postura de absoluto hermetismo sobre el tema. Ministros y directores de entes guardan silencio sobre los aumentos disfrazados en sus propios salarios mensuales. Esta actitud contradice directamente la narrativa de “economía de guerra” que el Gobierno nacional pregona últimamente. La crisis de las finanzas públicas no parece afectar los privilegios de las altas autoridades del Estado. Además, la falta de explicaciones oficiales aumenta la indignación de los contribuyentes ante los gastos superfluos.
Basilio Núñez intentó justificar el cobro del millonario sobresueldo alegando que el beneficio existía legalmente desde 2018. Sin embargo, los registros oficiales desmienten esta versión presentada por el titular del Poder Legislativo. Históricamente, el Rubro 133 estaba destinado exclusivamente para bonificaciones por responsabilidad de funcionarios operativos del Congreso. Fue una modificación técnica en el clasificador presupuestario de 2023 la que abrió la puerta a estos pagos. Dicha normativa redefinió el concepto de “Ordenador de Gastos” para incluirlo como un beneficiario legítimo.
A pesar de que el decreto habilitante ya estaba vigente, los presidentes anteriores no utilizaron esta prerrogativa. Senadores como Óscar Salomón y Silvio Ovelar mantuvieron sus remuneraciones en el monto estándar de G. 37.076.740. Por lo tanto, Núñez se convirtió en el único titular del Congreso en autoasignarse estos montos extraordinarios. Su salario creció un 70% de forma repentina a partir de marzo del año pasado. Recién cuando el escándalo tomó estado público, el legislador calificó su renuncia como una decisión “política y ética”.
La comparación con gestiones anteriores deja en evidencia la excepcionalidad del caso que involucra al senador Núñez. Desde el año 2017, referentes como Fernando Lugo, Silvio Ovelar y Blas Llano percibieron remuneraciones sin sobresueldos. La nómina publicada recientemente muestra que este beneficio selecto también alcanza a todos los ministros del Poder Ejecutivo. Estos altos funcionarios pasaron de cobrar G. 24 millones a percibir más de G. 32 millones mensuales. Los aumentos se concretaron gracias a las bonificaciones por responsabilidad y al incremento en gastos de representación.
El listado de privilegiados también incluye a directores de entes estatales y a los ministros-asesores del presidente Santiago Peña. Hasta el momento, ninguno de estos beneficiarios se animó a emitir una opinión sobre los montos cobrados. El silencio institucional parece ser la respuesta ante la revelación de estas maniobras presupuestarias en tiempos de crisis.
Para intentar aplacar la indignación, Núñez anunció la presentación de un proyecto de ley para eliminar estas bonificaciones. La propuesta busca prohibir estos pagos extras en los tres poderes del Estado de forma temporal. Sin embargo, la normativa sería una “ley parche” con vigencia exclusiva para el presente ejercicio fiscal vigente.
El proyecto de ley contaría con el respaldo de varios legisladores pertenecientes a la bancada del movimiento oficialista cartista. La restricción afectaría teóricamente a las cúpulas del Banco Central, la Corte Suprema y otras entidades clave del Estado.
A pesar de la extensa lista de afectados, el carácter transitorio de la norma genera profundas dudas. Sugiere que la voluntad de austeridad del oficialismo podría evaporarse tras calmarse el descontento de la sociedad civil. Incluso el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, ya dio a entender que los privilegios podrían volver pronto.
Fuente: ABC Color
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