Foto: Unicanal.
La familia de Braulio Antonio Vázquez Giménez formalizó este miércoles una denuncia penal ante el Ministerio Público. La acción judicial apunta a un presunto homicidio culposo ocurrido durante la atención médica en el Instituto de Previsión Social (IPS). El deceso del paciente se produjo en enero pasado tras sufrir un cuadro coronario.
Jaime Alexis Vázquez Giménez, hermano de la víctima, impulsa esta medida legal bajo el argumento de incumplimiento del deber de cuidado. La denuncia sostiene que existieron fallas graves por parte de los profesionales intervinientes en el proceso. Según el escrito, el sistema de salud no garantizó la protección mínima necesaria para el paciente.
El texto jurídico detalla errores críticos en la clasificación de la urgencia del hombre. También menciona la falta de equipamiento operativo y la carencia de insumos esenciales en momentos decisivos. Además, resalta la existencia de trabas administrativas que retrasaron peligrosamente la asistencia médica requerida por el afectado.
Los familiares solicitaron una serie de medidas inmediatas para avanzar con el esclarecimiento del caso. Entre ellas figura el allanamiento del Hospital Central para incautar el historial clínico completo del fallecido. Igualmente, pidieron realizar una necropsia para determinar la causa exacta de la muerte y detectar posibles sustancias.
La querella exige informes técnicos sobre el estado de los equipos de hemodinamia de la previsional. También busca identificar formalmente a todo el personal de salud y administrativo que intervino en las guardias mencionadas. Estas acciones pretenden reconstruir con precisión técnica los hechos ocurridos entre el 26 y 28 de enero.
Los hechos comenzaron el lunes 26, cuando el paciente ingresó a la Clínica Ingavi con un intenso dolor de pecho. Pese a presentar síntomas de infarto, fue categorizado con el “Código Verde”, asignándole una prioridad baja. Además, fallas en los equipos impidieron realizarle un electrocardiograma inicial en dicho centro asistencial.
Recién a las 21:00 horas se concretó su traslado al Hospital Central para una atención especializada. Al día siguiente, el martes 27, los médicos indicaron la necesidad de realizar un cateterismo de carácter urgente. Sin embargo, la institución informó que no contaba con los insumos básicos para llevar a cabo el procedimiento.
Ante esta carencia, la familia debió costear materiales por un valor cercano a los G. 30 millones. Pese al esfuerzo económico, la intervención se suspendió debido a una avería en la máquina de hemodinamia. El paciente ingresó a quirófano recién el miércoles 28 a las 19:00, falleciendo poco después.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de la familia, criticó duramente la inacción de la Fiscalía. Señaló que el Ministerio Público debió investigar de oficio tras el informe de la Superintendencia de Salud. “Pedimos que se haga una necropsia para buscar si existen restos de morfina”, afirmó el profesional.
Duarte Cacavelos aclaró que la responsabilidad penal debe recaer sobre las personas físicas y no sobre la institución. Por lo tanto, identificar a los médicos responsables es la prioridad actual de la querella presentada. No se descarta que, más adelante, la familia impulse acciones civiles contra la previsional.
Fuente: ABC Color
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