“Calé” Galaverna y Horacio Cartes. Foto: archivo.
El abogado Juan Martín Barba formalizó la presentación de pruebas en la causa por calumnia que involucra al exdiputado Orlando Arévalo. La comunicación fue realizada por su representante legal, Rodrigo Cuevas, ante el Tribunal Unipersonal de Sentencia presidido por Lourdes Peña.
El proceso se originó tras una querella impulsada por Arévalo en octubre de 2023. En ese marco, Barba busca introducir diversos elementos probatorios que respalden su postura dentro del juicio oral y público.
Entre las pruebas ofrecidas figuran testimonios de exfuncionarios universitarios, abogados y periodistas. También se incluyen informes solicitados a instituciones como la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencias.
El listado de testigos incluye a Nery Ríos y Carlos Aníbal Gómez Núñez Sarubbi, vinculados a la Universidad Leonardo Da Vinci. Además, fueron propuestos el ministro Luis María Benítez Riera, el periodista Luis Bareiro y la exfiscala adjunta Patricia Rivarola.
Asimismo, se incorporan como testigos el expresidente Horacio Manuel Cartes Jara y el exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna. Ambos forman parte del movimiento Honor Colorado, del cual Arévalo se desvinculó en diciembre pasado.
Además, la defensa incluyó investigaciones periodísticas publicadas por medios como ABC Color y HOY. Estos materiales abordan la trayectoria profesional y presuntas irregularidades atribuidas al exdiputado.
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Paralelamente, Barba y Cuevas impulsaron una denuncia penal contra Arévalo y directivos de la Universidad Leonardo Da Vinci. La acusación apunta a la supuesta emisión de títulos de abogado no auténticos.
Según el planteamiento, estos documentos habrían sido utilizados para acceder a la representación de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También se menciona a Alberto Núñez Godoy y Hugo Albino Martínez Vera dentro del mismo esquema.
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Por lo tanto, los hechos podrían configurar delitos como producción y uso de documentos falsos. Estos ilícitos contemplan sanciones relevantes en el marco penal vigente.
Finalmente, la nueva denuncia se sustenta en inconsistencias patrimoniales detectadas por la Contraloría. Además, busca reactivar una causa previa desestimada en 2023 y aún pendiente de definición en la Corte Suprema.
Fuente: ABC Color
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