Imagen ilustrativa: una pasajera sube a un ómnibus en Asunción.
El conflicto entre el gremio de transportistas y el Poder Ejecutivo se agudiza por profundos desacuerdos financieros. El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) cuestiona la reciente propuesta estatal. El Gobierno pretende desembolsar más de siete millones de dólares para saldar cuentas con el sector. Según la organización empresarial, este monto mezcla erróneamente compensaciones atrasadas con el subsidio de febrero. Los empresarios aceptan el pago del subsidio mensual de manera urgente para operar. Sin embargo, rechazan tajantemente la cifra estipulada para las compensaciones del año pasado.
César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, lidera el reclamo contra la actual gestión del transporte público. El dirigente sostiene que los valores presentados por el Estado están totalmente alejados de la realidad. Esta situación genera una brecha insalvable entre las expectativas gremiales y la oferta del Gobierno. Por lo tanto, la operatividad del sistema enfrenta una amenaza real de desabastecimiento de combustible. Las empresas necesitan liquidez inmediata para mantener los colectivos en las calles de Asunción. Sin estos fondos, la movilidad de miles de ciudadanos paraguayos se verá seriamente afectada.
La crítica más fuerte de los transportistas apunta directamente al entorno cercano del presidente Santiago Peña. Ruiz Díaz sostiene que el mandatario recibe información sesgada o incompleta sobre la situación del sector. El representante gremial fue contundente al señalar la falta de transparencia en los reportes recibidos por Peña. “Le mienten al presidente de la República”, aseguró Ruiz Díaz tras las recientes declaraciones del jefe de Estado. El dirigente enfatizó que las afirmaciones oficiales no se corresponden con el día a día operativo.
Ruiz Díaz desglosó tres puntos específicos donde considera que el presidente de la República fue mal informado. Primero, refutó la idea de que los pagos de los subsidios se encuentren actualmente al día. Segundo, cuestionó la supuesta eficacia de un mecanismo de compensación que se estudia cada seis meses. Además, subrayó que todavía no se cerraron técnicamente las tarifas correspondientes a todo el año 2025. El dirigente calificó como una mentira la estructura de pagos que el Gobierno intenta validar públicamente.
El presidente de Cetrapam enfatizó la irregularidad de pretender pagar montos sin la aprobación técnica requerida. Las cifras oficiales deben ser validadas primero por el Consejo Asesor de Tarifas para tener validez. Sin este paso administrativo fundamental, el gremio considera que el proceso carece de legitimidad y sustento real. Por lo tanto, el sector se niega a firmar acuerdos que no reflejen fielmente los costos operativos. El diálogo se mantiene tenso mientras se espera una rectificación de los cálculos financieros oficiales.
Otro punto de fricción involucra la carga de combustible en las estaciones de servicio de Petropar. El presidente Peña sugirió esta medida como una alternativa viable para las empresas del transporte. No obstante, Ruiz Díaz señaló la existencia de restricciones contractuales vigentes que impiden esta acción logística. El jefe de Estado estaría mal asesorado por su equipo técnico en este aspecto administrativo puntual. Según Cetrapam, el mandatario declara lo que se le induce a decir basándose en informes erróneos. Además, el gremio insiste en que las soluciones deben ser técnica y legalmente aplicables.
La reunión reciente con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, no arrojó los resultados satisfactorios esperados. Durante el encuentro, se planteó un esquema de pagos que los gremios de transporte consideran inviable. Tres gremios del sector y el propio Ministerio de Economía manifestaron su oposición al acta propuesta originalmente. “Le dijimos: ‘Eso no está aprobado todavía por el Consejo’”, expresó Ruiz Díaz con firmeza tras la reunión. Existen documentos donde se plasma la negativa unánime a recomendar la firma de dicho documento.
Los cálculos del Viceministerio de Transporte se basan en datos recogidos entre enero y octubre de 2025. Sin embargo, la Asociación Nacional del Transporte Público (ANTP) presenta cifras que contradicen los informes del MOPC. Según esta consultora externa, los valores de referencia estatales son insuficientes para la prestación del servicio. Los montos calculados estarían un 15% por debajo de lo necesario para cubrir los gastos reales. Por lo tanto, el desfasaje financiero impide que las empresas puedan renovar sus unidades o mejorar la frecuencia.
Esta diferencia porcentual del 15% compromete seriamente la sostenibilidad financiera de todas las empresas de transporte. El gremio argumenta que trabajar con tarifas desactualizadas genera un déficit acumulado que es imposible de sostener. Por lo tanto, el reclamo empresarial no se limita solamente al pago puntual de lo adeudado actualmente. También exigen una revisión profunda de todos los componentes que integran la compleja tarifa técnica del transporte. La transparencia en estos cálculos es fundamental para llegar a un acuerdo duradero entre las partes.
El foco actual de Cetrapam es asegurar el flujo de caja para garantizar la operatividad de mañana. El gremio exige que el subsidio correspondiente a febrero sea acreditado en las cuentas de cada empresa. Con estos fondos, las prestadoras podrán comprar el combustible necesario para cubrir el fin de semana largo. Además, el pago de este rubro permitiría retomar las negociaciones sobre los demás puntos en conflicto. La prioridad absoluta para el gremio es no interrumpir el servicio de colectivos por falta de recursos básicos.
Ruiz Díaz busca establecer un “fluxograma de operación” que brinde previsibilidad a los futuros pagos estatales. Este esquema de trabajo requeriría la firma conjunta del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Economía. De esta manera, se determinarían plazos claros para cada paso administrativo relacionado con la compensación económica. El dirigente afirma actuar con total transparencia en cada una de sus peticiones ante las autoridades nacionales. “Creo que somos muy transparentes en lo que pedimos”, concluyó mientras espera una respuesta favorable del Ejecutivo.
La necesidad de pagar compensaciones surge por la demora técnica en el cálculo de los costos reales. Durante el año 2025, el subsidio estatal se basó en una tarifa promedio semestral que resultó desfasada. Este promedio no reflejaba las variaciones constantes de los componentes básicos del servicio de transporte urbano. Debido a los procesos burocráticos de aprobación, estas compensaciones suelen calcularse con hasta un año de retraso. El desajuste financiero generado obliga al Estado a realizar pagos retroactivos para equilibrar las cuentas del sector.
El Ministerio de Obras Públicas evalúa ahora aplicar el artículo 8 del Decreto 710 para corregir el problema. Esta normativa permite ajustar la tarifa ante variaciones significativas en los costos de los componentes del servicio.
El objetivo primordial es garantizar que el transporte continúe operando sin afectar el bolsillo de los usuarios. Por lo tanto, se busca una solución técnica que evite aumentar el precio del pasaje final al ciudadano. La resolución de este conflicto es clave para la estabilidad social y económica del Área Metropolitana.
Fuente: ABC Color
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