Amado Baldomero Díaz Verón. Fuente: Municipalidad de Caazapá 2021 - 2026
Una grave denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público contra el intendente de Caazapá, Amado Baldomero Díaz Verón. Los concejales Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios encabezan la acción judicial. El documento señala un presunto desvío de fondos provenientes de Royalties. El monto del perjuicio patrimonial estimado asciende a G. 3.999.189.025 (aproximadamente 600 mil dólares) Según los denunciantes, se habrían simulado diversas obras públicas para justificar los pagos ilegales.
La denuncia también alcanza a otras 15 personas, entre las que figuran funcionarios municipales y contratistas privados. Los hechos se califican provisoriamente como lesión de confianza y asociación criminal. También se mencionan delitos contra la prueba documental y producción de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con el relato, se instaló un esquema delictivo estructurado dentro de la propia institución municipal. Este grupo estaría liderado por el jefe comunal y sus colaboradores más cercanos.
El mecanismo utilizado se basaría en la colaboración de asociaciones sin fines de lucro y terceros externos. Estos actores habrían facilitado facturas y documentos oficiales para aparentar el cumplimiento de contratos. Sin embargo, estas gestiones no se reflejarían en la realidad física de los distritos afectados. Los denunciantes sostienen que los miembros de la Asociación ADEPRIN y la Constructora Acuña actuaron en complicidad con el ejecutivo municipal.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia refiere a la construcción de columbarios fúnebres. Esta obra fue adjudicada a la firma Constructora Metalúrgica Miqueas por un total de G. 467.410.275. A pesar de existir un acta de recepción definitiva, una inspección notarial reveló que el trabajo no está terminado. El documento enfatiza: “Se desvirtúa totalmente el documento en la cual hicieron constar que la obra fue ejecutado en un 100%”.
Además, se detectaron irregularidades graves en proyectos de seguridad y ornato público. Por ejemplo, se otorgaron fondos a ADEPRIN para una muralla perimetral en el Oratorio San Roque. Sin embargo, los peritos constataron la “inexistencia total de las murallas” en el sitio indicado. Por lo tanto, la denuncia sostiene que esta conducta se subsume dentro de la lesión de confianza del intendente. Otro caso llamativo es el del Obispado de Caazapá, cuya obra habría sido costeada realmente por la Gobernación.
| Proyecto Irregular | Empresa/Asociación | Monto G. | Hallazgo Notarial |
| Columbarios | Metalúrgica Miqueas | 467.410.275 | Obra incompleta |
| Muralla San Roque | Segurba Construcciones | 53.625.000 | Inexistencia total |
| Obispado | Constructora Acuña | 100.000.000 | Pagado por Gobernación |
| Semáforos | Celltec | 423.753.750 | Artefactos no instalados |
La mayor parte del daño patrimonial se concentra en los trabajos de mantenimiento de caminos vecinales. En diversos tramos se certificaron labores de enripiado que nunca fueron realizadas por las contratistas. En la zona de Boquerón y Potrero Guazú, no existen vestigios de la construcción descripta en las planillas oficiales. Además, en el tramo San Pedro Mi – Santa Teresita, la inversión de G. 489.900.000 se califica como una mentira.
Tramos críticos sin maquinaria pesada presente.
Certificación de obras en rutas que ya se encuentran asfaltadas.
Falta de vestigios de materiales en caminos vecinales denunciados.
Terrenos declarados como transitables que siguen en estado intransitable.
Respecto al sistema de semáforos, el acta notarial de marzo de 2026 confirmó que los artefactos no existen. Solo se encontraron algunos caños enterrados sin ningún tipo de equipamiento tecnológico relacionado. Por ello, los denunciantes solicitan la imputación inmediata de todos los involucrados en el esquema. También exigen el allanamiento urgente de la Municipalidad para secuestrar documentos y evitar su posible destrucción.
La investigación apunta directamente a la asesora contable, Gladys Margarita Román Dávalos, cuya vivienda también se pide allanar. Los concejales solicitan informes bancarios detallados para determinar la trazabilidad de las cuentas de los sospechosos. Asimismo, requieren una prueba pericial de construcción como anticipo jurisdiccional para verificar el estado de las obras. La intención es resguardar las evidencias antes de cualquier alteración en el terreno.
Entre los principales denunciados, además del intendente Amado Díaz Verón, se encuentran los directores administrativos y fiscalizadores. También figuran los presidentes y tesoreros de varias comisiones de fomento y asociaciones de productores. Por lo tanto, la fiscalía deberá desentrañar la red de vínculos que permitió este perjuicio millonario. El caso genera una fuerte tensión política en el departamento ante la magnitud de las cifras manejadas.
Finalmente, los denunciantes aguardan una respuesta rápida por parte de las autoridades competentes. Consideran que el daño a la comunidad de Caazapá es irreparable si no se recuperan los fondos desviados. El Ministerio Público tiene ahora la responsabilidad de investigar las supuestas simulaciones contractuales.
Fuente: El Observador
Esta web usa cookies.