César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam. Foto: Fernando Romero.
El reciente paro de buses ejecutado por un sector empresarial provocó un fuerte cruce entre los gremios del transporte. Rolando Zuccolillo, referente de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), lanzó duras críticas contra sus pares. El dirigente apuntó directamente al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) por la suspensión del servicio.
Zuccolillo cuestionó la recurrencia de estas medidas de fuerza en el sector. Describió a las empresas asociadas al gremio de César Ruiz Díaz como ineficientes y sin capacidad operativa real. Según su visión, el Gobierno debería intervenir y retirar las licencias a quienes no cumplen con la prestación básica. “Quiere cobrar por no trabajar”, disparó el representante de Fetram tras destrabarse el conflicto.
Por su parte, Ruiz Díaz rechazó estas declaraciones y justificó la medida por la falta de condiciones operativas. Argumentó que el costo del combustible imposibilitaba la circulación normal de las unidades en el área metropolitana. El vocero de Cetrapam señaló que las críticas de Zuccolillo provienen de una posición financiera privilegiada dentro del negocio.
Cetrapam nuclea a empresarios que concentran gran parte de la operación del sistema de transporte en la capital. Entre los referentes históricos aparece Juan Carlos Aveiro, vinculado a la firma Transporte y Turismo Lambaré. Esta empresa opera actualmente las líneas 23, 24 y 33, manteniendo una fuerte influencia en las decisiones gremiales.
Otro grupo con peso significativo en la estructura es el clan Jure Vallejos, encabezado por Elías Jure Vallejos. Este sector está ligado a Automotores Guaraní, una de las operadoras con mayor trayectoria en el sistema vigente. También resalta la figura de Rolendia Peña, propietario de La Sanlorenzana, que gestiona las líneas 56, 45 y 50.
A la lista de influyentes se suman dirigentes como Alejandro Castorino y Javier Marecos dentro de la organización. Asimismo, el concejal capiateño Roberto Jiménez Ayala y sus hermanos figuran como propietarios de varias compañías importantes. Este grupo familiar controla Capiatá SRL, Transporte Mariscal López y TTA SA, operando diversas líneas de alta demanda.
Aunque Ruiz Díaz ejerce como vocero público, la estructura gremial se sostiene por los dueños de estas compañías. El Estado paraguayo desembolsará este año un total de 45 millones de dólares en concepto de subsidios directos. Estos pagos generaron roces, ya que Fetram sostiene que el 80% de las empresas no puede cubrir salarios.
Los datos oficiales del Viceministerio de Transporte, dirigido por Emiliano Fernández, revelan un crecimiento exponencial de estas transferencias. En los últimos cinco años, el pago de subsidios a los transportistas aumentó aproximadamente un 568%. Durante el año 2024, el gobierno de Santiago Peña transfirió cerca de 44 millones de dólares al sector.
Para el periodo 2025, la cifra de desembolsos ascendió a los 52 millones de dólares según los registros oficiales. Mientras tanto, el Gobierno analiza posibles sanciones administrativas contra las empresas que se plegaron al último paro. Desde Cetrapam anunciaron que asumirán las consecuencias, aunque insisten en que sus reclamos económicos son legítimos y urgentes.
Fuente: LPO
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