Gentileza ABC Color.
Se cumplen hoy nueve años de la crisis política conocida como el 31M. Este conflicto estalló cuando Horacio Cartes financió un plan de reelección presidencial en 2017. La reacción ciudadana y el sacrificio de los heridos marcaron las jornadas de protesta. El asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana (26) fue el punto más crítico. Este hecho forzó a Cartes a renunciar a su proyecto calificado como dictatorial.
La tensión aumentó tras una sesión “mau” en la Cámara de Senadores. En esa ocasión, 25 legisladores aprobaron la enmienda constitucional de forma irregular. Participaron referentes cartistas, luguistas, llanistas y del partido oviedista en una oficina del Congreso. El encuentro se realizó específicamente en el subsuelo del recinto legislativo. Este plan avanzó a pesar del bloqueo previo de sectores opositores y disidentes.
El oficialismo confiaba en que la Cámara de Diputados ratificaría el proyecto. Hugo Velázquez, entonces presidente de dicha cámara, debía convocar a la sesión definitiva. Sin embargo, las manifestaciones ciudadanas alteraron el cronograma previsto por el Poder Ejecutivo. Los antimotines de la Policía Nacional intentaron frenar a los manifestantes con extrema violencia. Durante los incidentes, dispararon balines de goma a quemarropa contra la multitud.
El entonces diputado liberal Édgar Acosta sufrió graves heridas en el rostro. Un tiro directo de escopeta lo dejó desfigurado en plena vía pública. Ante este hecho, más ciudadanos y militantes de la oposición se movilizaron. La custodia policial abandonó la sede del Congreso Nacional a las 19:00 horas. Esto permitió que los manifestantes ingresaran e incendiaran parte del edificio legislativo. Las imágenes del incendio recorrieron el mundo como un símbolo de resistencia.
Cerca de las 20:00, la Policía Montada inició una carga para retomar el control. Se registraron múltiples actos vandálicos en el centro de la capital. Al menos 211 personas fueron arrestadas y trasladadas a la sede de la FOPE. Entre los detenidos se encontraban varios adolescentes que participaban de las protestas. Tras la medianoche, ocurrió el ataque más grave de la jornada democrática.
La madrugada del 1 de abril, la Policía coordinó un asalto fatal. Los agentes ingresaron a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Según los registros históricos, ni la dictadura stronista realizó una incursión de ese tipo. Durante el ataque, un agente disparó balines de plomo con su arma reglamentaria. El proyectil impactó por la espalda al joven dirigente Rodrigo Quintana. El joven falleció poco después debido a la gravedad de la herida.
La orden de atacar el PLRA se vinculó a diversas comunicaciones telefónicas. Críspulo Sotelo, entonces comandante policial, recibió llamadas de políticos y empresarios allegados a Cartes. Entre los interlocutores figuraba José Ortiz, gerente de la empresa tabacalera TABESA. Sin embargo, el Ministerio Público nunca aceptó investigar este cruzamiento de llamadas. La exfiscala María Raquel Fernández calificó el pedido de la querella como un “morbo”.
Fernández se negó rotundamente a revelar las comunicaciones del entorno presidencial paraguayo. Debido a esta postura, enfrentó un proceso de destitución y renunció en 2019. Por otro lado, el comisario Tomás Paredes Palma resultó finalmente sobreseído en la causa. Otros jefes policiales como Enrique Isasi y Abel Cañete también quedaron blanqueados. La estructura de mando que operó aquella noche no recibió sanciones penales.
Los responsables políticos de la crisis gozan actualmente de total impunidad. Tadeo Rojas, ministro del Interior en 2017, ocupa hoy un cargo ministerial importante. Actualmente dirige el programa social Hambre Cero en el gabinete del Gobierno nacional. En contraste, los suboficiales que ejecutaron las órdenes sí recibieron condenas de la justicia. El sistema judicial centró el castigo solo en los eslabones más bajos.
En 2025, se confirmó la sentencia de 24 años para Gustavo Florentín. El suboficial fue hallado culpable del disparo que acabó con Rodrigo Quintana. Previamente, en 2020, Benito Sanabria recibió una pena de nueve años de cárcel. Sanabria fue el uniformado que disparó contra la integridad del exdiputado Édgar Acosta. La justicia cerró los casos sin llegar a los autores intelectuales del atropello.
Fuente: ABC Color
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